La Fiscalía investiga a Orange por estafar y amenazar a su red de distribuidores en España

La Fiscalía investiga a la empresa de telecomunicaciones Orange España por considerar que existen suficientes indicios
de que la compañía ha podido cometer varios delitos contra sus agentes
comerciales y distribuidores. El Juzgado Central de Instrucción número 2
de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas después de que una plataforma de afectados haya presentado una querella criminal en la que se acusa a la operadora de estafa, apropiación indebida, amenazas, coacciones y administración desleal.

Según revela la querella, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la operadora de telecomunicaciones ha, presuntamente, “utilizado prácticas fraudulentas
con la clara intención de acabar con aquellas tiendas que ya no le
interesaba mantener”, una vez que la compañía decidió reducir su red de
establecimientos de cara al público para potenciar los canales
telemáticos.

Los distribuidores y agentes representados por la plataforma Asafortel acusan a la empresa de “seguir una estrategia de estrangulamiento financiero feroz” para provocar la “venta obligada por debajo del precio o el cierre” del negocio, de una forma “intencionada y premeditada,
sabiendo que con ello se estaban causando graves daños a estas empresas
y los empresarios que las componen, en su mayoría pequeñas pymes, y con
poca capacidad de respuesta y defensa”.
Los afectados han denunciado ante la Audiencia Nacional que Orange ha realizado un “cambio continuo de las condiciones contractuales”, sin permitir a los distribuidores el derecho a réplica. Además, acusan a la empresa de “manipular de forma fraudulenta los objetivos de negocio
mensuales impuestos a tales distribuidores”, aplicando criterios de
pago diferentes a los establecidos en los contratos (a veces con
carácter retroactivo) y afirman que existe una “discriminación entre distribuidores, sin causa justa”, para provocar el cierre de algunos de ellos.

En la querella criminal, los afectados solicitan que el juez decrete el embargo a Orange de, al menos, 44 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil para afrontar las indemnizaciones. Asimismo, solicitan que se designe un perito
que elabore un informe sobre la facturación que realiza Orange a sus
distribuidores, el cálculo de comisiones que le correspondería a cada
uno y la comprobación de los contratos para mostrar el incumplimiento de
las condiciones de los mismos, así como el cálculo de las
indemnizaciones que deberá abonar la operadora a los denunciantes si es
declarada culpable.

Tal como ha podido confirmar OKDIARIO, el Juzgado Central de
Instrucción número 2 de Madrid considera que “los hechos denunciados
presentan unas características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y solicita a la Fiscalía que realice las investigaciones oportunas. Los denunciantes consideran que tras esta querella pueden aparecer muchos más afectados, elevando así la responsabilidad económica que tendrá que asumir la compañía.