Víctimas mortales de France Télécom

El caso de France Télécom se dio entre los años 2000 y 2011, continuos acosos laborales por parte de ex-ejecutivos a los por entonces empleados de la compañía, pero fueron entre los años 2007 y 2010 cuando hubo una oleada de suicidios, a continuación os expondremos una recopilación de todo lo sucedido hasta el momento. 

60 suicidios, varios intentos fallidos y decenas de bajas

Llama la atención que la mayoría de suicidios se produjeran en el centro de trabajo, y aun así la compañía se respaldaba en que harían una investigación interna para saber si los suicidios eran por motivos internos o externos a France Télécom. 

En el primer año de estos sucesos, los medios de comunicación nacional (Francia) ofrecía espacios informativos sobre el caso. 

La empresa fue pública hasta 2004, cuando se transformó en una empresa privada, y en 2013 pasó a llamarse ORANGE. France Télécom ha sido juzgada como persona moral por “acoso moral institucional”. Según el código penal francés el “acoso moral” está determinado por “acciones repetidas que tienen como objeto o efecto la degradación de las condiciones de trabajo”.

En el momento en que la empresa pasó a ser privada y cambiaron a los directivos, estos llevaron a cabo un programa el cual tenía como objetivo el despido de 22.000 trabajadores de 120.000 que tenía la plantilla y 10. 000 cambios de puestos de trabajo, pero claro tenían que conseguir que fueran “salidas naturales”, lo que viene siendo, salidas voluntarias, y hay unas declaraciones de Didier Lombard, ex-director general de France Télécom, del año 2007 en las cuales dice, “lo haré (suprimir 22.000 puestos de trabajo) de una manera u otra, por la ventana o por la puerta”.  

En el juicio Didier Lombard no se pronunció ante el tribunal sobre estas desafortunadas declaraciones del 20 de octubre de 2006, ante la Asociación de Altos Cargos y Dirigentes de la compañía francesa de telecomunicaciones (ACSED). 

Las medidas que se llevaron a cabo fueron NEXT (Nueva Experiencia de Telecomunicaciones) y ACT (Anticipación y Competencia por la Transformación), que acabaron siendo según el dossier judicial en “una política empresarial destinada a desestabilizar a sus empleados y crear un clima angustioso”.

Los jueces de instrucción decían que estas personas no eran juzgadas por la estrategia que llevaron a cabo, sino por sus métodos, ya que empleaban “dispositivos de desestabilización del personal” como “controles excesivos”, “marginación de ciertos empleados” y “múltiples reorganizaciones”. 

Tras 2 meses y media de juicio, 46 audiencias y más de 30 testigos, la instrucción ha reconocido 39 víctimas: 19 se suicidaron, 12 lo intentaron y otras ocho sufrieron fuertes cuadros de depresión.

Es la primera vez en la historia que una empresa del CAC40, principal índice bursátil de la bolsa de París, y sus antiguos directivos han sido reclamados por la justicia.

Tres de los ex-directivos se enfrentarán un año de prisión, y 15.000€ de multa, otros cuatro a ocho meses de cárcel y 10.000€, y que en el caso de Orange asciende a 75.000€, según la agencia de noticias de AFP. 

La sanción ha sido muy criticada por la acusación, ya que les parece insignificante por todo lo que ha pasado. Se trata de la pena máxima prevista por la ley en los casos de “acoso moral”, los cargos de “puesta en peligro de vida ajena” y “homicidio involuntario”, podrían haber aumentado las sanciones, pero fueron descartados por los jueces de instrucción. 

La espera será larga, ya que el tribunal fallará en diciembre. 

Distribuidores de Orange se querellan por presuntos cambios unilaterales en las condiciones del contrato

El Juzgado Central de Instrucción Número 2 de Madrid admite a trámite una denuncia contra la compañía telefónica por supuestos delitos de estafa, amenazas y coacciones, administración desleal y apropiación indebida.
Sede de Orange
Sede de Orange

Asafortel,  asociación de distribuidores afectados por Orange, ha puesto en marcha un proceso judicial por presuntas prácticas fraudulentas con intención de acabar con tiendas que ni interesaba mantener sin importarle la suerte de las mismas ni los prejuicios económicos y personales que iba a causar la decisión, según querella.
Así mismo acusan a la compañía telefónica de tomar la decisión unilateral de cerrar un gran número de tiendas provocando para ello un “estrangulamiento financiero feroz” que obligaran a los distribuidores a un irremediable cierre o venta por debajo del precio de sus negocios. Esta “asfixia económica”, según el documento, se basa en los siguientes métodos:
  • Cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales sin derecho a réplica por parte de los distribuidores afectados
  • Falta de información contractual a dichos distribuidores
  • Manipulación fraudulenta de los objetivos mensuales y trimestrales impuestos a tales distribuidores
  • Aplicación de los criterios de pago diferentes a los establecidos en contrato incluso con carácter retroactivo
  • Discriminación entre distribuidores, aportando ayudas a unos y reduciendo ingresos a otros
“Imposición unilateral de las condiciones económicas de explotación”
Así recoge la querella los datos de un proceso continuo de cambios en las comisiones retribuidas a los distribuidores, presuntamente, utilizando para ello “estratagemas y engañándoles”  con el argumento de que iban a ganar más dinero que antes. Para ocultar los fines “fraudulentos”, dice el documento,  se trató de tranquilizar a la distribución alegando que todo iba a seguir igual, convenciéndoles que era una mera maniobra de actuación. Esto, supuestamente, no fue así ya que Orange comenzó a exigir el cumplimiento de “mayores objetivos sin verse beneficiados de ningún apoyo”.
Falta de información de los cambios contractuales
Bajo este título, se acusa a la empresa de telefonía de no haber comunicado por escrito ni en tiempo ni en forma razonable ,cuando quisieron efectuar sus reclamaciones, no las pudieron formular por haber transcurrido los plazos previstos a tal efecto.
“Discriminación entre distribuidores”
De esta forma se acusa a Orange, alegando que era la compañía y su órgano de gestión quien decidía a quien quería potenciar y a quién no. Como recoge el documento, se venían cometiendo una serie de irregularidades financieras que provocaron un grave perjuicio a la distribución.

Algunos agentes afectados

INDALO MOVILES S.L e INDALO FRANQUICIA S.L. Ambas empresas mantuvieron una relación continuada con Orange Espange S.A. desde 1999 llegando a tener en 2013 entre Madrid y Galicia 13 puntos de venta. “La misma se vio hasta tal punto afectada por la maliciosa y planificada política de Orange” que en 2015 se disolvió todo su negocio. Se valora el prejuicio, según querella, en seis millones de euros.
CONVERSIA CCS, S.L Y PARLER CCS.SL iniciaron su relación con la citada compañía en el mismo año. Ambas llegaron a formar parte del conocido como TOP 25 cuyo significado comercial responde a estar entre los 25 distribuidores más importantes de la marca a nivel nacional.  A partir del año 2012, comenzó un continuado descenso de partida obligando dos años más tarde a tales distirbuidoras a “adquirir 8 nuevas tiendas viéndose obligadas a realizar la inversión con financiación ajena. Esta se hizo con la promesa de por parte de Orange de mejorar las condiciones financieras, cosa que nunca se cumplió, presuntamente. Se valora el prejuicio en doce millones de euros, como recoge el documento.
Las empresas mencionadas son únicamente dos casos de “la interminable lista de afectados” por Orange Espagne S.A.

Los afectados piden declaraciones por los hechos denunciados.

Los distribuidores piden la práctica de diligencias de investigación, llamando a la participación a:  D. Jean Marc Vignolles, D. Pablo Verni Usón, D.Francisco Casillas Gamarra, D. Francisco Javier Broseta Sastre, D. Raúl Gómez Pardo, Dña. María Benito, D. Andrés Oliva García, Dña. María Luisa Díaz del Campo. Siendo estos parte de la cúpula directiva de la compañía telefónica.
Reclaman también que los querellados y sociedad responsables presten fianza solidaria para garantizar la posible responsabilidad civil, en cantidad inicial de 44.000.000€ o en su defecto, que inmediatamente se proceda al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para hacer frente a dicha responsabilidad civil.
El Confidencial Digital se ha puesto en contacto con Orange para conocer su opinión sobre esta querella criminal y al no haber “recibido notificación oficial de tal documento no pueden manifestarse sobre el caso”.