REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO NEGOCIADOR Y JURÍDICO DE ASAFORTEL

Reunión de trabajo con el equipo negociador y jurídico de ASAFORTEL

Estimados
asociados,
            Por medio de la presente os
informamos de las gestiones que se han estado realizando durante la semana
relativas a la resolución de la reclamación contra Orange realizada tanto desde
la Asociación, como de forma independiente y coordinada por cada uno de los
asociados.

            Hemos estado avanzando en la
estrategia y las reclamaciones a realizar contra Orange, tanto en vía judicial,
por medio de demandas o querellas, como por vía extrajudicial, en la que se nos han abierto nuevas vías,
alguna de ellas de gran relevancia,
 que seguro van a  fortalecer nuestra
posición frente a Orange
            El equipo jurídico nos ha confirmado
que durante esta semana han ido contactando con los distintos asociados que han
confirmado su interés en ser representados por ellos y han abonado la provisión
de fondos, y están fijando reuniones con ellos para los próximos días. Nos han
confirmado que, van a empezar a
preparar alrededor diez acciones (entre querellas y demandas)
para
interponer de forma inmediata en las próximas semanas, en función de la
coordinación que puedan llevar con los asociados para su preparación.
            En relación con la negociación de
las indemnizaciones con Orange, debido a la falta de respuesta a nuestros
burofaxes, actitud que era la esperada,
la semana que viene se les va a remitir un nuevo requerimiento por parte del
equipo negociador
emplazándoles para una reunión
en la que iniciar las negociaciones formalmente. 
            Seguiremos informando del avance de
las gestiones, recibid un cordial saludo.

NUEVAS INCORPORACIONES AL EQUIPO MEDIADOR DE ASAFORTEL

Juan Carlos Galindo, se incorpora al equipo liderado por Luis Gil-Orozco.
 Asafortel sigue avanzando en la defensa de sus asociados y para ello se ha incorporado al equipo liderado por Luis Gil-Orozco, a Juan Carlos Galindo.


Juan Carlos Galindo, PERITO JUDICIAL Experto en Investigación de Delitos Económicos, Especializado en Blanqueo de Capitales y Responsabilidad Penal Persona Jurídica. Conferenciante y Formador en materias tan complejas e interesantes como: Responsabilidad Penal Empresarial, Compliance, Prevención Blanqueo de Capitales, Paraísos Fiscales, Seguridad de la Información, Ley de Transparencia y lucha contra la corrupción.

También es Presidente Nacional Ejecutivo de ASEBLAC, Asociación Española
de Sujetos obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales y
Financiacion del Terrorismo.
Con esta incorporación, incrementamos el
ya alto nivel de nuestro equipo negociador, además de dotarnos de los
conocimientos específicos de Juan Carlos Galindo, en unos ámbitos tan
importantes dentro de la batalla que desde Asafortel se está lidiando en
nombre de sus asociados.

Abel Martín
Presidente de ASAFORTEL

La CNMC sanciona a Orange con 16.000 euros por cometer una infracción leve.

La Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción a Orange Espagne de 16.000
euros al declararle responsable de la comisión de una infracción
administrativa de carácter leve de Ley General de Comunicación
Audiovisual, según ha informado el organismo en un comunicado.

En
julio de 2016, la CNMC inició un expediente sancionador contra Orange,
ya que la compañía remitió con más de 300 días de retraso la información
que permite a la CNMC comprobar si determinados prestadores del
servicios de comunicación audiovisual y de comunicaciones electrónicas
han cumplido con la obligación que tienen de financiar determinados
contenidos audiovisuales de producción europea.
En concreto, La Ley General de la
Comunicación Audiovisual obliga a dichas compañías que difundan canales
de televisión a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a
financiar obras audiovisuales europeas: películas para cine, series de
televisión y producciones de animación y documentales. En el caso de que
la empresa sea de titularidad pública, este porcentaje aumenta hasta el
6%.
Tras la instrucción del expediente, la
CNMC ha acreditado que Orange incumplió su deber de presentar el informe
en el que se indica la forma en que se ha dado cumplimiento a sus
obligaciones de financiar anticipadamente la producción europea de
películas cinematográficas, películas y series para televisión, así como
documentales y películas y series de animación relativo al ejercicio
2014.
La CNMC recuerda que contra esta
Resolución Orange podrá interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su notificación.

El Supremo declara responsabilidad de grandes empresas de telefonía respecto de salarios no abonados por comercializadoras de sus productos

Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 21 Julio 2016

La
actividad de comercialización del servicio de telefonía es, atendiendo
al servicio de que se trata y a las circunstancias en las cuales se
desarrolla el mercado de ese servicio, inherente y absolutamente
indispensable para la realización de la actividad de la empresa
principal.

Jurisprudencia comentada:

Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 707/2016, 21 Jul. Rec. 2147/2014

La cuestión que conoce el Tribunal Supremo en esta sentencia consiste en determinar si el contrato de agencia concluido entre dos entidades mercantiles para la comercialización de los productos de la principal excluye la subcontratación de obras y servicios correspondientes a su propia actividad. Impugnado un despido por causas económicas, y acumulada la acción de rescisión del contrato de trabajo porque la empresa abona el salario con retraso y adeuda ciertas cantidades, se condena de forma solidaria a la empleadora y al principal para la que aquella venía funcionando como agente de ventas.

Las empresas
telefónicas condenadas solidariamente niegan su responsabilidad
alegando que la relación que media con la comercializadora es un
contrato de agencia, para ellas excluido del artículo 42 del ET, y que
no se ha externalizado ninguna una parcela identificable con la “propia
actividad”, centrando así el debate en el alcance de la expresión
“propia actividad” como presupuesto para que opere la garantía de
solidaridad prevista para los supuestos de subcontratación. Las
empresas recurrentes comparan el producto de un servicio de telefonía
con el de fabricante que produce elementos materiales, los almacena y
luego los vende.

De ahí extraen la conclusión de que
tan absurdo es almacenar para luego no vender lo almacenado como tener
el servicio de telefonía para después no tener a quien suministrarlo. Lo
cierto es que la existencia de comerciales no es una novedad
introducida por mor de la telefonía y sus específicas proyecciones en el
mercado, internet, etc., si bien al final todo revierte en conceptos
tradicionales, originar el producto hasta que se halle en condiciones de
ser disfrutado por un usuario tan solo a falta de que éste acepte
adquirirlo.

El Supremo lo tiene claro. La actividad de
comercialización es inherente a la realización de la actividad de
telefonía, y es esta intensa conexión entre las actividades del
principal y del contratista la que sustenta la solidaridad en el pago de
los salarios reclamados. En el caso, los empleados de las contratistas
actúan en nombre de la principal, fidelizan al público como clientes de
la principal, entran en su sistema operativo, resuelven dudas planteadas
en relación con los servicios ofertados por la principal, etc., lo que
permite afirmar sin ningún género de duda que la comercialización es una
actividad inherente al ciclo productivo de una empresa de telefonía que
suministra servicios a clientes finales.

Para el Supremo, la
celebración de un contrato de agencia entre dos empresas no implica que
la empresa principal quede fuera del esquema de colaboración
interempresarial, a los efectos de eludir la responsabilidad solidaria
que como garantía de los trabajadores contempla el artículo 42 ET. Si
el contrato de agencia sirve para descentralizar la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad deben operar
las garantías del ET, y viceversa. Revisa la doctrina de SSTS 15
diciembre 2015 (rec. 2614/2014 y 2653/2014). Formula su Voto Particular
la Excma.

Magistrado Sra. Dª Maria Milagros Calvo Ibarlucea.

Fuente: Wolters Kluver

Las denuncias a Orange por estafa explotan en toda España: suman ya un centenar de distribuidores

Han iniciado procesos judiciales contra la compañía telefónica por
supuestos delitos de amenazas, coacciones, administración desleal y
apropiación indebida 

 

Cede de Orange
El pasado mes de agosto, tal y cómo contó ECD en exclusiva, la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella
interpuesta por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras
empresas de telecomunicación (Asafortel), que respaldan ahora un total
de 42 pequeñas y medianas empresas y 200 puntos de venta afectados, además de los equipos de fuerzas comerciales de venta a empresas.

El
titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno,
consideró entonces que los hechos remitidos por Asafortel hacen presumir
la posible existencia de una infracción penal.
Además, según ha podido saber El Confidencial Digital
por fuentes conocedoras del proceso, a pesar de que en este momento son
28 asociados, también hay que tener en cuenta que existen otros 60 distribuidores que se han puesto en contacto ya con Asafortel, donde aseguran que “día a día se incrementa el número de asociados”.
Los afectados se distribuyen por toda España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Huesca, Alicante, Sevilla, Baleares, Girona, Valladolid y Cádiz.
Por otro lado, el número actual de distribuidores que a nivel particular han iniciado procesos judiciales civiles contra Orange asciende a 12, y se están estudiando interponer otras diez demandas civiles más.
La querella denuncia la utilización de prácticas fraudulentas a partir de 2012, con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.
Según el escrito,
al que ha tenido acceso este confidencial, la multinacional marcó en
2012 unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.
Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.
Orange habría asfixiado económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales “sin derecho a réplica”, y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.
Asimismo, la empresa habría discriminado entre unas distribuidoras y otras “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación, por lo que muchas de ellas son hoy totalmente insolventes o han entrado en concurso de acreedores.
Asafortel pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.
La elevada cuantía que solicitan como indemnización –86,6 millones de euros– correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años.

28 Distribuidoras se querellan contra Orange por estafa y piden 86,6 millones

 

Detalle del logo en la torre corporativa de Orange. EFE/Archivo
Un total de 28 distribuidoras de Orange se han adherido ya a la querella interpuesta contra la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, amenazas, coacciones, administración desleal y apropiación indebida, y que solicita 86,6 millones de euros en concepto de indemnización.

El pasado mes de agosto la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), que respaldan ahora 28 distribuidoras, que suponen un total de 42 pequeñas y medianas empresas y 200 puntos de venta afectados, además de los equipos de fuerzas comerciales de venta a empresas.

Y el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, consideró entonces que los hechos remitidos por Asafortel hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.
La querella denuncia la utilización de prácticas fraudulentas a partir de 2012, con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.
Los afectados se distribuyen por toda España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Huesca, Alicante, Sevilla, Baleares, Girona, Valladolid y Cádiz.
Según el escrito, la multinacional marcó en 2012 unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.
Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.
Orange habría asfixiado económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales “sin derecho a réplica”, y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.
Asimismo, la empresa habría discriminado entre unas distribuidoras y otras “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación, por lo que muchas de ellas son hoy totalmente insolventes o han entrado en concurso de acreedores.
Asafortel pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.
La elevada cuantía que solicitan como indemnización -86,6 millones de euros- correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años.

Noticia publicada por: diariodeleon.es

28 Distribuidoras se querellan contra Orange por estafa y piden 86,6 millones


(EFECOM).- Un total de 28 distribuidoras de Orange se han adherido ya a la querella interpuesta contra la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, amenazas, coacciones, administración desleal y apropiación indebida, y que solicita 86,6 millones de euros en concepto de indemnización.

El pasado mes de agosto la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), que respaldan ahora 28 distribuidoras, que suponen un total de 42 pequeñas y medianas empresas y 200 puntos de venta afectados, además de los equipos de fuerzas comerciales de venta a empresas.

Y el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, consideró entonces que los hechos remitidos por Asafortel hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.

La querella denuncia la utilización de prácticas fraudulentas a partir de 2012, con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.

Los afectados se distribuyen por toda España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Huesca, Alicante, Sevilla, Baleares, Girona, Valladolid y Cádiz.

Según el escrito, la multinacional marcó en 2012 unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.

Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”. 

Orange habría asfixiado económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales “sin derecho a réplica”, y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.

Asimismo, la empresa habría discriminado entre unas distribuidoras y otras “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación, por lo que muchas de ellas son hoy totalmente insolventes o han entrado en concurso de acreedores.

Asafortel pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía. 

La elevada cuantía que solicitan como indemnización -86,6 millones de euros- correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años. EFECOM 

Noticia compartida por Agencia EFE 

La fiscalía francesa pide procesar a directivos de France Télécom por los suicidios de sus empleados

La empresa implantó una política de “desestabilización” de sus trabajadores, según la decisión judicial

Manifestación de trabajadores de France Télécom, en Estrasburgo, por la ola de suicidios de sus trabajadores, en 2009.

 La ola de suicidios que vivió France Télécom entre 2007 y 2010 ha culminado una importante etapa en los tribunales franceses. Tras varios años de investigación, la fiscalía de París ha pedido que se procese a siete exdirectivos por presunto acoso moral. La obsesión por los resultados económicos llevó a la empresa a iniciar una reestructuración con el despido de 22.000 empleados y el cambio de 14.000. Cerca de 60 se suicidaron en solo tres años. Muchos lo hicieron en su propia oficina y dejaron cartas explicando su desesperación. La empresa, cree la fiscalía, implantó un sistema para desestabilizar a los empleados.

En las conclusiones de la fiscalía, recabadas el pasado 22 de junio, esta pide al juez de instrucción que procese al expresidente Didier Lombard. Le acusa de acoso moral a él y dos de sus máximos colaboradores. A los otros cuatro los considera colaboradores de dicho acoso. La mayoría de ellos sigue trabando en la empresa, aunque a un nivel inferior, según ha informado a este periódico el delegado sindical de la CGT Thierry Franchi.
Orange (antes France Télécom) se ha negado a valorar el fondo de la cuestión. “Es solo una etapa más del proceso. Hay que esperar sobre todo a la decisión del juez de instrucción, que llegará en unas semanas”, ha comentado un portavoz a este periódico. Claudia Chemari, la abogada de la compañía, ha asegurado a la radio France Info que todas las argumentaciones en contra de las acusaciones están convenientemente presentadas ante la justicia.

 Goteo de suicidios y tentativas

  • En 2008 empezó el goteo de suicidios y tentativas en France Télécom.

  • En 2009, el sindicato SUD-PTT presenta denuncia.

  • En 2010, Didier Lombard se va. La inspección de trabajo habla de métodos brutales. La fiscalía abre investigación.

  • Un observatorio sindical estima que en 2008 hubo trece suicidios; en 2009, 19 y en 2010, 27.

  • En 2012, tras el cambio de gestión, un sondeo interno indica que el clima se ha normalizado.

  • En 2013 France Télécom se convierte en Orange, primera operadora de Francia.


La decisión de la empresa de reorganizarse y aumentar sus beneficios, tomada en 2006, fue, según todos los indicios, el detonante del drama. Lombard estaba determinado a poner en marcha la operación y lograr la reducción de la plantilla, que entonces era de 110.000 empleados. “Lo haré [los despidos] de una forma u otra, por la ventana o por la puerta”.

Sus palabras fueron trágicamente premonitorias. Algunos de los empleados se quitaron la vida saltando desde las ventanas de sus oficinas. A los 58 que en total se contabilizaron entre 2008, 2009 y 2010 hay que añadir decenas de tentativas y procesos de ansiedad y depresión. Según la fiscalía, la empresa utilizó todo tipo de métodos para desestabilizar a los empleados, además de ofrecer bonificaciones a los cuadros que lograran más bajas. Para ello, se cambiaba repentinamente el puesto de trabajo, se modificaban los objetivos, se dejaba al empleado sin silla ni mesa durante semanas, se prohibía disentir o se desvalorizaba al trabajador. Un médico de empresa, que ha hablado de forma anónima con Libération, asegura que los empleados empezaron a sufrir graves procesos de ansiedad y depresión y ha relatado estos sistemas que quebraban a los empleados.

En 2009, los sindicatos ya dieron la voz de alarma y presentaron una denuncia contra la dirección de la empresa. Un año más tarde, la inspección de trabajo reflejó la brutalidad de los métodos, razón por la cual la fiscalía de París abrió una investigación por “acoso moral y puesta en peligro de la vida de terceros”.

La alarma social por este caso fue enorme. Un empleado irrumpió en una reunión de la empresa con un cuchillo clavado en el abdomen. Muchos murieron defenestrados. Algunos dejaron a sus familiares cartas que evidenciaban su desesperación.

“Este proceso va a permitir primero hacer justicia con las víctimas y sus familias”, dice Franchi. “Va a permitir también la denuncia de métodos de gestión inaceptables que hoy se siguen aplicando en muchas empresas.

La dirección de la empresa cambió en 2010. Los brutales sistemas quedaron en el olvido y en 2012 un sondeo interno indicaba que el clima laboral se había normalizado, si bien en 2011 todavía hubo algún caso. El más llamativo, el de un empleado que se inmoló a lo bonzo en el párking de la oficina. A Lombard le sustituyó Stéphane Richard, exjefe de gabinete de la entonces ministra de Economía y hoy directora del FMI Christine Lagarde. Richard sigue al mando de la firma, hoy Orange, la principal operadora de Francia.

www.asafortel.es 

Fuente:internacional.elpais.com 

La Audiencia Nacional acepta una querella criminal contra Orange

El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional
ha remitido al Ministerio Fiscal la querella criminal presentada el
pasado 4 de julio por la Asociación de Afectados por Orange, ASAFORTEL, contra Orange Espagne S.A.
y ha ordenado la puesta en marcha de diligencias previas, con el fin de
determinar si los hechos de los que se acusa a la teleoperadora se
ajustan o no a la realidad.

Así, la Justicia española acepta una querella que señala a Orange Espagne S.A.
como presunta responsable de los delitos de apropiación indebida,
estafa, amenazas y coacciones y administración desleal en su relación
con los distribuidores de estos servicios de telefonía.
En concreto, el auto de incoación del Juzgado señala que los hechos
presentados por los querellantes “presentan características que hacen
presumir la posible existencia de una infracción penal” y pide por ello
que se pongan en marcha las acciones pertinentes: “No estando
determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las
personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas
a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable.

El caso

El representante de ASAFORTEL, Carlos Calderón,
explica a Gaceta.es que la admisión a trámite de esta querella por
parte de la Justicia ha supuesto que numerosos distribuidores de
telefonía se hayan puesto en contacto con su asociación para integrarse
en la causa contra Orange Espagne S.A. al haber sufrido, a su juicio,
los mismos perjuicios denunciados por ASAFORTEL.
Hechos que, según explica la asociación en su querella, pasan por el
“estrangulamiento financiero feroz para llevar a los distribuidores
innecesarios [para la compañía] a un irremediable cierre o a una venta
(obligada), por debajo de su precio, de sus negocios”.
La historia se remonta a 2006, año de nacimiento de Orange tras la unificación de todas las empresas españolas propiedad de France Télécom
bajo la misma marca, según relatan los denunciantes. “En el ejercicio
de su actividad -señálan- Orange ha ido tomando posición en el mercado
que constituye su objeto y dándose a conocer, además de entre otros
medios, a través de un extenso canal de distribuidores y agentes (puntos
de venta) colaboradores de ORANGE en la contratación de los diferentes productos y/o servicios”.
Y son, precisamente esos colaboradores quienes ahora acusan a la
compañía de prácticas delictivas contra ellos. ¿Por qué? Porque, si en
2011 Orange contaba en España con 250 distribuidores y más de 1.300
puntos de venta, a partir del año 2012, siempre según los denunciantes,
“la política de la empresa cambió radicalmente” y comenzaron las
“prácticas fraudulentas con la clara intención de acabar con aquéllas
tiendas que ya no le interesaba mantener”.

120 millones de euros

La forma de llevar a cabo esta reducción de la red de distribuidores
habría sido, según la denuncia, de “estrangulamiento financiero feroz”.
Así, de forma intencionada y predeterminada, ORANGE recurrió a métodos
como “cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales sin
derecho a réplica por parte de los distribuidores afectados; falta de
información contractual a dichos distribuidores; manipulación
fraudulenta de los objetivos mensuales; aplicación de criterios de pago
diferentes a los establecidos en el contrato o discriminación entre los
distribuidores”.
Unas acusaciones que se resumen, tal como explica Carlos Calderón a
Gaceta.es, en que, en lugar de “liquidar a los distribuidores
perjudicados de una manera razonable y como hubiera correspondido por
ley” para reducir sus puntos de venta si así lo exigía la estrategia de
la compañía, Orange Espagne S.A. habría tomado la decisión unilateral de
cerrar un gran número de tiendas que consideraba prescindibles con esas
técnicas presuntamente fraudulentas.
La querella inicial, que cifraba los perjuicios producidos por la
teleoperadora en 33 millones de euros, habría ascendido ahora, según
explica Calderón, a 120 millones de euros de daños tras haberse puesto
en contacto con ASAFORTEL numerosos distribuidores afectados, presuntamente, por las mismas prácticas de la compañía telefónica.

Denuncian “cobros abusivos” de Orange por cambiar a Amena, su otra operadora

 La asociación Facua ha denunciado hoy a Orange por su práctica de cobrar a clientes que desean pasarse a Amena, operadora que en realidad es propiedad de Orange

Cobrar, y cantidades “abusivas”, por una portabilidad a otro operador del mismo grupo empresarial. Facua-Consumidores en Acción ha denunciado hoy a la operadora Orange justo por esta práctica que considera “injustificada”. La asociación ha comprobado que Orange cobra a los clientes que quieren pasarse a Amena, empresa que en realidad pertenece al mismo grupo empresarial. “Los cobros no están justificados, ya que el cliente sigue pagando por el servicio a la misma compañía”, explica en un comunicado. “De momento no vamos a hacer ninguna valoración sobre la denuncia”, señala un portavoz de Orange a Teknautas.

La llegada de la cadena estadounidense, la pujanza de Netflix y las nuevas series de Movistar+ dibujan un panorama distinto al de hace un año, Facua ha presentado esta mañana la denuncia ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Setsi). La asociación explica cómo Orange da información contradictoria sobre las portabilidades a Amena. Por un lado señala en su página web que los clientes de Amena utilizan la red de Orange “sin ninguna diferencia”, pero por otro estipula los precios de la portabilidad: “si estás dado de alta con Orange y quieres ser de Amena, la cuota de cambio tiene un coste de 7,26 euros en Península y Baleares, 6,42 euros en Canarias, 6,6 euros en Ceuta y 6,24 euros en Melilla”.

                 “COBRA HASTA 7,6 EUROS POR PASARSE A AMENA”

Para realizar una portabilidad de Orange a Amena basta con tener una tarjeta SIM de la primera operadora para seguir operando con normalidad. Es decir, a juicio de Facua, el cliente sigue pagando por el servicio a la misma compañía. La asociación señala que la Ley General para la Defensa de los Consumidores (artículo 87) considerará “abusiva cualquier estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva”. En base a este artículo, Facua concluye que la práctica de Orange es “abusiva e injustificada”.

Facua asegura haber recibido varias denuncias de usuarios al respecto y explica en su comunicado el caso de uno de ellos (socio de Facua Sevilla) que, tras reclamar, logró la devolución de los 7,26 euros que Orange le había cobrado por pasarse a Amena. Según este usuario, un comercial de Orange le propuso trasladar su línea con el pretexto de que podría acogerse a tarifas más ventajosas sin coste, ya que ambas marcas “eran la misma compañía”. Sin embargo, finalmente le cobraron los 7,26 euros, de los que “en ningún momento fue informado”.

La asociación insta a las autoridades competentes a sancionar a Orange por esta práctica y pide a la compañía dejar de incurrir en estos cobros abusivos. “Estamos estudiando el caso”, aseguran desde Orange, “pero no comentamos ninguna denuncia de Facua”.