28 Distribuidoras se querellan contra Orange por estafa y piden 86,6 millones


(EFECOM).- Un total de 28 distribuidoras de Orange se han adherido ya a la querella interpuesta contra la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, amenazas, coacciones, administración desleal y apropiación indebida, y que solicita 86,6 millones de euros en concepto de indemnización.

El pasado mes de agosto la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), que respaldan ahora 28 distribuidoras, que suponen un total de 42 pequeñas y medianas empresas y 200 puntos de venta afectados, además de los equipos de fuerzas comerciales de venta a empresas.

Y el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, consideró entonces que los hechos remitidos por Asafortel hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.

La querella denuncia la utilización de prácticas fraudulentas a partir de 2012, con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.

Los afectados se distribuyen por toda España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Huesca, Alicante, Sevilla, Baleares, Girona, Valladolid y Cádiz.

Según el escrito, la multinacional marcó en 2012 unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.

Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”. 

Orange habría asfixiado económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales “sin derecho a réplica”, y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.

Asimismo, la empresa habría discriminado entre unas distribuidoras y otras “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación, por lo que muchas de ellas son hoy totalmente insolventes o han entrado en concurso de acreedores.

Asafortel pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía. 

La elevada cuantía que solicitan como indemnización -86,6 millones de euros- correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años. EFECOM 

Noticia compartida por Agencia EFE 

La fiscalía francesa pide procesar a directivos de France Télécom por los suicidios de sus empleados

La empresa implantó una política de “desestabilización” de sus trabajadores, según la decisión judicial

Manifestación de trabajadores de France Télécom, en Estrasburgo, por la ola de suicidios de sus trabajadores, en 2009.

 La ola de suicidios que vivió France Télécom entre 2007 y 2010 ha culminado una importante etapa en los tribunales franceses. Tras varios años de investigación, la fiscalía de París ha pedido que se procese a siete exdirectivos por presunto acoso moral. La obsesión por los resultados económicos llevó a la empresa a iniciar una reestructuración con el despido de 22.000 empleados y el cambio de 14.000. Cerca de 60 se suicidaron en solo tres años. Muchos lo hicieron en su propia oficina y dejaron cartas explicando su desesperación. La empresa, cree la fiscalía, implantó un sistema para desestabilizar a los empleados.

En las conclusiones de la fiscalía, recabadas el pasado 22 de junio, esta pide al juez de instrucción que procese al expresidente Didier Lombard. Le acusa de acoso moral a él y dos de sus máximos colaboradores. A los otros cuatro los considera colaboradores de dicho acoso. La mayoría de ellos sigue trabando en la empresa, aunque a un nivel inferior, según ha informado a este periódico el delegado sindical de la CGT Thierry Franchi.
Orange (antes France Télécom) se ha negado a valorar el fondo de la cuestión. “Es solo una etapa más del proceso. Hay que esperar sobre todo a la decisión del juez de instrucción, que llegará en unas semanas”, ha comentado un portavoz a este periódico. Claudia Chemari, la abogada de la compañía, ha asegurado a la radio France Info que todas las argumentaciones en contra de las acusaciones están convenientemente presentadas ante la justicia.

 Goteo de suicidios y tentativas

  • En 2008 empezó el goteo de suicidios y tentativas en France Télécom.

  • En 2009, el sindicato SUD-PTT presenta denuncia.

  • En 2010, Didier Lombard se va. La inspección de trabajo habla de métodos brutales. La fiscalía abre investigación.

  • Un observatorio sindical estima que en 2008 hubo trece suicidios; en 2009, 19 y en 2010, 27.

  • En 2012, tras el cambio de gestión, un sondeo interno indica que el clima se ha normalizado.

  • En 2013 France Télécom se convierte en Orange, primera operadora de Francia.


La decisión de la empresa de reorganizarse y aumentar sus beneficios, tomada en 2006, fue, según todos los indicios, el detonante del drama. Lombard estaba determinado a poner en marcha la operación y lograr la reducción de la plantilla, que entonces era de 110.000 empleados. “Lo haré [los despidos] de una forma u otra, por la ventana o por la puerta”.

Sus palabras fueron trágicamente premonitorias. Algunos de los empleados se quitaron la vida saltando desde las ventanas de sus oficinas. A los 58 que en total se contabilizaron entre 2008, 2009 y 2010 hay que añadir decenas de tentativas y procesos de ansiedad y depresión. Según la fiscalía, la empresa utilizó todo tipo de métodos para desestabilizar a los empleados, además de ofrecer bonificaciones a los cuadros que lograran más bajas. Para ello, se cambiaba repentinamente el puesto de trabajo, se modificaban los objetivos, se dejaba al empleado sin silla ni mesa durante semanas, se prohibía disentir o se desvalorizaba al trabajador. Un médico de empresa, que ha hablado de forma anónima con Libération, asegura que los empleados empezaron a sufrir graves procesos de ansiedad y depresión y ha relatado estos sistemas que quebraban a los empleados.

En 2009, los sindicatos ya dieron la voz de alarma y presentaron una denuncia contra la dirección de la empresa. Un año más tarde, la inspección de trabajo reflejó la brutalidad de los métodos, razón por la cual la fiscalía de París abrió una investigación por “acoso moral y puesta en peligro de la vida de terceros”.

La alarma social por este caso fue enorme. Un empleado irrumpió en una reunión de la empresa con un cuchillo clavado en el abdomen. Muchos murieron defenestrados. Algunos dejaron a sus familiares cartas que evidenciaban su desesperación.

“Este proceso va a permitir primero hacer justicia con las víctimas y sus familias”, dice Franchi. “Va a permitir también la denuncia de métodos de gestión inaceptables que hoy se siguen aplicando en muchas empresas.

La dirección de la empresa cambió en 2010. Los brutales sistemas quedaron en el olvido y en 2012 un sondeo interno indicaba que el clima laboral se había normalizado, si bien en 2011 todavía hubo algún caso. El más llamativo, el de un empleado que se inmoló a lo bonzo en el párking de la oficina. A Lombard le sustituyó Stéphane Richard, exjefe de gabinete de la entonces ministra de Economía y hoy directora del FMI Christine Lagarde. Richard sigue al mando de la firma, hoy Orange, la principal operadora de Francia.

www.asafortel.es 

Fuente:internacional.elpais.com 

La Audiencia Nacional acepta una querella criminal contra Orange

El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional
ha remitido al Ministerio Fiscal la querella criminal presentada el
pasado 4 de julio por la Asociación de Afectados por Orange, ASAFORTEL, contra Orange Espagne S.A.
y ha ordenado la puesta en marcha de diligencias previas, con el fin de
determinar si los hechos de los que se acusa a la teleoperadora se
ajustan o no a la realidad.

Así, la Justicia española acepta una querella que señala a Orange Espagne S.A.
como presunta responsable de los delitos de apropiación indebida,
estafa, amenazas y coacciones y administración desleal en su relación
con los distribuidores de estos servicios de telefonía.
En concreto, el auto de incoación del Juzgado señala que los hechos
presentados por los querellantes “presentan características que hacen
presumir la posible existencia de una infracción penal” y pide por ello
que se pongan en marcha las acciones pertinentes: “No estando
determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las
personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas
a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable.

El caso

El representante de ASAFORTEL, Carlos Calderón,
explica a Gaceta.es que la admisión a trámite de esta querella por
parte de la Justicia ha supuesto que numerosos distribuidores de
telefonía se hayan puesto en contacto con su asociación para integrarse
en la causa contra Orange Espagne S.A. al haber sufrido, a su juicio,
los mismos perjuicios denunciados por ASAFORTEL.
Hechos que, según explica la asociación en su querella, pasan por el
“estrangulamiento financiero feroz para llevar a los distribuidores
innecesarios [para la compañía] a un irremediable cierre o a una venta
(obligada), por debajo de su precio, de sus negocios”.
La historia se remonta a 2006, año de nacimiento de Orange tras la unificación de todas las empresas españolas propiedad de France Télécom
bajo la misma marca, según relatan los denunciantes. “En el ejercicio
de su actividad -señálan- Orange ha ido tomando posición en el mercado
que constituye su objeto y dándose a conocer, además de entre otros
medios, a través de un extenso canal de distribuidores y agentes (puntos
de venta) colaboradores de ORANGE en la contratación de los diferentes productos y/o servicios”.
Y son, precisamente esos colaboradores quienes ahora acusan a la
compañía de prácticas delictivas contra ellos. ¿Por qué? Porque, si en
2011 Orange contaba en España con 250 distribuidores y más de 1.300
puntos de venta, a partir del año 2012, siempre según los denunciantes,
“la política de la empresa cambió radicalmente” y comenzaron las
“prácticas fraudulentas con la clara intención de acabar con aquéllas
tiendas que ya no le interesaba mantener”.

120 millones de euros

La forma de llevar a cabo esta reducción de la red de distribuidores
habría sido, según la denuncia, de “estrangulamiento financiero feroz”.
Así, de forma intencionada y predeterminada, ORANGE recurrió a métodos
como “cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales sin
derecho a réplica por parte de los distribuidores afectados; falta de
información contractual a dichos distribuidores; manipulación
fraudulenta de los objetivos mensuales; aplicación de criterios de pago
diferentes a los establecidos en el contrato o discriminación entre los
distribuidores”.
Unas acusaciones que se resumen, tal como explica Carlos Calderón a
Gaceta.es, en que, en lugar de “liquidar a los distribuidores
perjudicados de una manera razonable y como hubiera correspondido por
ley” para reducir sus puntos de venta si así lo exigía la estrategia de
la compañía, Orange Espagne S.A. habría tomado la decisión unilateral de
cerrar un gran número de tiendas que consideraba prescindibles con esas
técnicas presuntamente fraudulentas.
La querella inicial, que cifraba los perjuicios producidos por la
teleoperadora en 33 millones de euros, habría ascendido ahora, según
explica Calderón, a 120 millones de euros de daños tras haberse puesto
en contacto con ASAFORTEL numerosos distribuidores afectados, presuntamente, por las mismas prácticas de la compañía telefónica.

Denuncian “cobros abusivos” de Orange por cambiar a Amena, su otra operadora

 La asociación Facua ha denunciado hoy a Orange por su práctica de cobrar a clientes que desean pasarse a Amena, operadora que en realidad es propiedad de Orange

Cobrar, y cantidades “abusivas”, por una portabilidad a otro operador del mismo grupo empresarial. Facua-Consumidores en Acción ha denunciado hoy a la operadora Orange justo por esta práctica que considera “injustificada”. La asociación ha comprobado que Orange cobra a los clientes que quieren pasarse a Amena, empresa que en realidad pertenece al mismo grupo empresarial. “Los cobros no están justificados, ya que el cliente sigue pagando por el servicio a la misma compañía”, explica en un comunicado. “De momento no vamos a hacer ninguna valoración sobre la denuncia”, señala un portavoz de Orange a Teknautas.

La llegada de la cadena estadounidense, la pujanza de Netflix y las nuevas series de Movistar+ dibujan un panorama distinto al de hace un año, Facua ha presentado esta mañana la denuncia ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Setsi). La asociación explica cómo Orange da información contradictoria sobre las portabilidades a Amena. Por un lado señala en su página web que los clientes de Amena utilizan la red de Orange “sin ninguna diferencia”, pero por otro estipula los precios de la portabilidad: “si estás dado de alta con Orange y quieres ser de Amena, la cuota de cambio tiene un coste de 7,26 euros en Península y Baleares, 6,42 euros en Canarias, 6,6 euros en Ceuta y 6,24 euros en Melilla”.

                 “COBRA HASTA 7,6 EUROS POR PASARSE A AMENA”

Para realizar una portabilidad de Orange a Amena basta con tener una tarjeta SIM de la primera operadora para seguir operando con normalidad. Es decir, a juicio de Facua, el cliente sigue pagando por el servicio a la misma compañía. La asociación señala que la Ley General para la Defensa de los Consumidores (artículo 87) considerará “abusiva cualquier estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva”. En base a este artículo, Facua concluye que la práctica de Orange es “abusiva e injustificada”.

Facua asegura haber recibido varias denuncias de usuarios al respecto y explica en su comunicado el caso de uno de ellos (socio de Facua Sevilla) que, tras reclamar, logró la devolución de los 7,26 euros que Orange le había cobrado por pasarse a Amena. Según este usuario, un comercial de Orange le propuso trasladar su línea con el pretexto de que podría acogerse a tarifas más ventajosas sin coste, ya que ambas marcas “eran la misma compañía”. Sin embargo, finalmente le cobraron los 7,26 euros, de los que “en ningún momento fue informado”.

La asociación insta a las autoridades competentes a sancionar a Orange por esta práctica y pide a la compañía dejar de incurrir en estos cobros abusivos. “Estamos estudiando el caso”, aseguran desde Orange, “pero no comentamos ninguna denuncia de Facua”. 

Orange Spain faces probe into retail practices – report

Spain’s national high court the Audiencia Nacional is to investigate claims of fraudulent behaviour by Orange made by Asafortel, an association of former distributors for the operator, the Efe news agency reported.

Asafortel, whose allegations were deemed admissible by a judge of the court, wants Orange executives questioned, according to Efe.

The lawsuit, seen by Efe, alleges that beginning in 2012, Orange aimed to reduce its retail footprint in Spain using “fraudulent practices”, including making unilateral changes to contractual terms with certain outlets and setting monthly and quarterly targets that obliged many shops to close or sell below cost.

Asafortel wants the court to investigate Orange Spain’s former chief executive Jean Marc Vignolles, as well as seven other excutives of the company.

El Economista reported separately that Asafortel is claiming EUR 33 million in compensation from the company.

Neither it or Efe said if they had sought a response from Orange.

Facua denuncia a la teleoperadora Orange por “cobro abusivo”

Facua-Consumidores en Acción emprende acciones legales por el cobro a
los clientes de Orange que optan por acogerse a alguna tarifa de Amena

   Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Orange por cobrar a los clientes que optan por acogerse a alguna tarifa de Amena, pese a que ambas marcas son en realidad la misma compañía.

La asociación ha presentado un escrito ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid -donde la empresa tiene su domicilio fiscal- y ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi), por considerar que esta política es “abusiva e injustificada”, según informó este martes en una nota.
En la página web de Amena se anuncia que los clientes de esta operadora “utilizan la red de Orange, sin ninguna diferencia”. Sin embargo, otro apartado advierte de que, en el caso de estar dado de alta en Orange y querer cambiarse a Amena, “la cuota de cambio tiene un coste de 7,26 euros en Península y Baleares, 6,42 euros en Canarias, 6,6 euros en Ceuta y 6,24 euros en Melilla”.
Facua recuerda que la Ley General para la Defensa de los Consumidores señala que se considerará “abusiva cualquier estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva”.
En este sentido, Amena especifica en su web que bastará con la tarjeta SIM de Orange para que la línea móvil pueda seguir operando con normalidad, por lo que a juicio de la asociación de consumidores es “evidente” que los cobros impuestos por Orange a los clientes que se acogen a una tarifa de Amena no están justificados, ya que el cliente sigue pagando por el servicio a la misma compañía.
Esta denuncia se produce después de que Facua Sevilla haya logrado recientemente que Orange anule el cobro de los 7,26 euros que facturó a un usuario por migrar éste su línea de teléfono móvil a Amena, al no ser informado de la existencia de esta cuota. La asociación insta a las autoridades competentes que sancionen a Orange por la comisión de esta “práctica injustificada” y exijan a la compañía que deje de incurrir en estos cobros “abusivos”.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA LAS TASAS JUDICIALES A PYMES

 El Gobierno derogó las tasas judiciales para las personas físicas en febrero de 2015, pero las mantuvo para las pymes

 

El Tribunal Constitucional ha declarado nulas las tasas judiciales impuestas a las pymes por el anterior Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en una ley aprobada en 2012. El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su satisfacción por la sentencia de derogación de una ley que consideraban inconstitucional, injusta y desproporcionada.

La ley impulsada por Gallardón tuvo un rechazo contundente por parte de la sociedad al violar el derecho de ciudadanos y pymes a acceder a la justicia y a obtener la tutela judicial efectiva que otorga el artículo 24 de la Constitución Española.

Según la Presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, con esta sentencia se repara una injusticia que impedía o dificultaba a las pequeñas y medianas empresas a acudir a los Tribunales y, con ello, se contribuye a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

La Abogacía Española y la plataforma “Justicia para Todos” han liderado durante más de tres años las protestas de los colectivos jurídicos y de la sociedad en general por la imposición de unas tasas, que ahora el Tribunal Constitucional ha declarado excesivas y desproporcionadas.

Para lograr la sentencia, se presentaron cinco recursos de inconstitucionalidad respaldados por la Abogacía Institucional e impulsados por el PSOE y los Gobiernos de Andalucía, Aragón, Cataluña y Canarias. Además, se plantearon numerosas cuestiones de inconstitucionalidad en los juzgados de lo social, de primera instancia y de la Audiencia Nacional. Por su parte, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estableció, en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional, la no exigencia de las tasas a los trabajadores.
Sin embargo, la Abogacía lamenta que no se proceda a la devolución de las tasas cobradas durante la vigencia de la ley, ya que consideran que el dinero recaudado no ha servido para mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita, en contra de lo prometido por el Gobierno cuando se aprobó la ley.

Orange es denunciada ante el juzgado por 581 llamadas de presunto acoso telefónico

La compañía de telecomunicaciones Orange ha sido denunciada ante los juzgados de Castellón por realizar más de 581 llamadas de presunto acoso telefónico en un periodo de menos de dos meses a dos teléfonos móviles de un particular para intentar conseguir el cobro de dos facturas no reconocidas y que en estos momentos están en manos de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) del Ministerio de Industria para que dictamine su validez. Las llamadas a día de hoy se siguen realizando por lo que el número va en aumento.
 
Video de: Castellón Confidencial – Diario Digital


A pesar que desde la compañía Orange reconocen que tienen constancia de que está interpuesta esta reclamación por parte del consumidor, no dudan en continuar llamando una y otra vez para intentar conseguir el cobro a pesar de que se les ha indicado en numerosas ocasiones que no se va a realizar ningún pago hasta que el Ministerio de Industria resuelva la reclamación.

En la mayoría de las llamadas descuelga el teléfono un robot automatizado que pide datos personales del consumidor, en otras ocasiones incluso cuelgan a los cinco segundos y en muy pocas de ellas llega a descolgar un operador. Algunas de las conversaciones con estos operadores han sido grabadas, tal y como se puede comprobar en el vídeo de Youtube enlazado en este artículo, y en ellas se afirma entre otras cosas que “hasta que no se abone la deuda el sistema seguirá llamando” o incluso advierten en tono amenazante que “llamaremos cada cinco minutos”. Los operadores de Orange también amenazan con añadir a su ex-cliente a listas de morosos, algo completamente ilegal mientras hayan facturas reclamadas en la OAUT. El presunto acoso también se realiza por carta, por email y por SMS donde incluso se amenaza con bloquear el terminal del teléfono móvil, algo imposible ya que no se adquirió ningún terminal con el contrato.

Vicente Trilles, director de Castellón Confidencial y victima en primera persona de este presunto acoso, ha querido compartir su experiencia para evitar que se repitan estos presuntos abusos en otras personas: “Nosotros nos hemos estado informando y sabemos que no pueden meternos en listas de morosos si la factura está reclamada, que no pueden bloquearte ningún IMEI si no has adquirido ningún teléfono con ellos, que no pueden cobrar IVA en las penalizaciones, que las penalizaciones deben ser proporcionales al tiempo que queda de permanencia. Ellos también saben que no pueden hacer eso y les da igual. Sin embargo alguien que no lo sepa seguramente le engañaran y acabaran pagando no por voluntad propia si no por miedo de que estas amenazas se cumplan. Recomendamos reclamar hasta el final”.

“El ánimo es restringir la libertad del acosado”

En la denuncia presentada se explica que “tan desaforado número de llamadas perturban el estado de ánimo y emocional tanto del acosado como de su familia provocando un estado de angustia, desazón, molestia y agotamiento” y pide al juzgado que estime los hechos en base al artículo 172 del Código Penal por un posible delito de coacciones debido al “contenido extorsionador y amenazante utilizado por Orange para hacer efectiva una deuda por la vía de la coacción y no por la vía de los tribunales”. Además se indica que “la brevedad y repetición de las llamadas permite estimar que el ánimo que le mueve a quien las realiza no es otro sino el de restringir la libertad del acosado, obligándole a realizar lo que no quiere”.

Hay que recordar que ya han habido sentencias condenando a compañías telefónicas por acoso telefónico. Por ejemplo, en 2012, según informa El Periódico de Aragón, la Audiencia Provincial de Zaragoza firmó una condena por la cual se debía de indemnizar con 1.000 euros a un usuario de telecomunicaciones por 50 llamadas de acoso telefónico.

En el artículo de Castellón Confidencial “El Orange de la Calle Enmedio de Castellón hace firmar presuntamente contratos bajo engaños” se explicó los motivos de por qué se consideran esas facturas nulas.

La Audiencia Nacional investigará a Orange por la querella de distribuidoras.

Madrid, 11 ago (EFECOM).- La Audiencia Nacional investigará a la filial en España de Orange y a varios de sus directivos tras admitir a trámite la querella interpuesta por un grupo de distribuidoras de la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

La querella presentada por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), denuncia la utilización de “prácticas fraudulentas” a partir de 2012 con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.

Según expone el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la multinacional marcó entonces unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.
Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.
El documento de 21 páginas relata con detalle cómo Orange “asfixió” económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral “continuo” de las condiciones contractuales “y sin derecho a réplica” y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.
Asimismo, señala la falta de información contractual a la que la empresa habría sometido a sus distribuidoras, a las que supuestamente habría discriminado “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación.
“La lista de distribuidores afectados es interminable”, prosigue la querella, que reflexiona sobre la situación de muchas de estas empresas, hoy totalmente insolventes o en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos-.
Por todo ello, la asociación pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.
A todos se les citaría por la presunta comisión de estafa, apropiación indebida, amenazas y coacciones y administración desleal, después de que el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, considerase que los hechos remitidos por la Asafortel, “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
Los querellantes también reclaman una indemnización de 33 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, una cuantía que correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años.
Con el fin de asegurar esta eventual responsabilidad, piden el pago de una fianza solidaria de 44 millones de euros o el embargo de los bienes, aunque antes la Fiscalía deberá remitir al juez las diligencias de investigación que considere oportunas.
En una nota de prensa, Asafortel ha asegurado que una veintena de distribuidores ha mostrado su intención de adherirse a la querella, muchas de ellas, pequeñas y medianas empresas. EFECOM

La Audiencia Nacional investigará a Orange por la querella de distribuidoras.

Madrid, 11 ago (EFECOM).- La Audiencia Nacional investigará a la filial en España de Orange y a varios de sus directivos tras admitir a trámite la querella interpuesta por un grupo de distribuidoras de la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.


La querella presentada por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), denuncia la utilización de “prácticas fraudulentas” a partir de 2012 con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.

Según expone el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la multinacional marcó entonces unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.

Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.

El documento de 21 páginas relata con detalle cómo Orange “asfixió” económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral “continuo” de las condiciones contractuales “y sin derecho a réplica” y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.

Asimismo, señala la falta de información contractual a la que la empresa habría sometido a sus distribuidoras, a las que supuestamente habría discriminado “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación.

“La lista de distribuidores afectados es interminable”, prosigue la querella, que reflexiona sobre la situación de muchas de estas empresas, hoy totalmente insolventes o en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos-.

Por todo ello, la asociación pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.

A todos se les citaría por la presunta comisión de estafa, apropiación indebida, amenazas y coacciones y administración desleal, después de que el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, considerase que los hechos remitidos por la Asafortel, “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.