La Audiencia investigará a Orange España y varios de sus directivos por la querella de distribuidoras.

Presunta estafa, administración desleal y apropiación indebida, entre otros…

    La Audiencia Nacional investigará a la filial en España de Orange y a varios de sus directivos tras admitir a trámite la querella interpuesta por un grupo de distribuidoras de la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

La querella presentada por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), denuncia la utilización de “prácticas fraudulentas” a partir de 2012 con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.
Según expone el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la multinacional marcó entonces unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.
Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.
El documento de 21 páginas relata con detalle cómo Orange “asfixió” económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral “continuo” de las condiciones contractuales “y sin derecho a réplica” y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.
Asimismo, señala la falta de información contractual a la que la empresa habría sometido a sus distribuidoras, a las que supuestamente habría discriminado “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación.
“La lista de distribuidores afectados es interminable”, prosigue la querella, que reflexiona sobre la situación de muchas de estas empresas, hoy totalmente insolventes o en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos-.
Por todo ello, la asociación pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.
A todos se les citaría por la presunta comisión de estafa, apropiación indebida, amenazas y coacciones y administración desleal, después de que el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, considerase que los hechos remitidos por la Asafortel, “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
Los querellantes también reclaman una indemnización de 33 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, una cuantía que correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años.
Con el fin de asegurar esta eventual responsabilidad, piden el pago de una fianza solidaria de 44 millones de euros o el embargo de los bienes, aunque antes la Fiscalía deberá remitir al juez las diligencias de investigación que considere oportunas.
En una nota de prensa, Asafortel ha asegurado que una veintena de distribuidores ha mostrado su intención de adherirse a la querella, muchas de ellas, pequeñas y medianas empresas.

La Fiscalía investiga a Orange por estafar y amenazar a su red de distribuidores en España

La Fiscalía investiga a la empresa de telecomunicaciones Orange España por considerar que existen suficientes indicios
de que la compañía ha podido cometer varios delitos contra sus agentes
comerciales y distribuidores. El Juzgado Central de Instrucción número 2
de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas después de que una plataforma de afectados haya presentado una querella criminal en la que se acusa a la operadora de estafa, apropiación indebida, amenazas, coacciones y administración desleal.

Según revela la querella, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la operadora de telecomunicaciones ha, presuntamente, “utilizado prácticas fraudulentas
con la clara intención de acabar con aquellas tiendas que ya no le
interesaba mantener”, una vez que la compañía decidió reducir su red de
establecimientos de cara al público para potenciar los canales
telemáticos.

Los distribuidores y agentes representados por la plataforma Asafortel acusan a la empresa de “seguir una estrategia de estrangulamiento financiero feroz” para provocar la “venta obligada por debajo del precio o el cierre” del negocio, de una forma “intencionada y premeditada,
sabiendo que con ello se estaban causando graves daños a estas empresas
y los empresarios que las componen, en su mayoría pequeñas pymes, y con
poca capacidad de respuesta y defensa”.
Los afectados han denunciado ante la Audiencia Nacional que Orange ha realizado un “cambio continuo de las condiciones contractuales”, sin permitir a los distribuidores el derecho a réplica. Además, acusan a la empresa de “manipular de forma fraudulenta los objetivos de negocio
mensuales impuestos a tales distribuidores”, aplicando criterios de
pago diferentes a los establecidos en los contratos (a veces con
carácter retroactivo) y afirman que existe una “discriminación entre distribuidores, sin causa justa”, para provocar el cierre de algunos de ellos.

En la querella criminal, los afectados solicitan que el juez decrete el embargo a Orange de, al menos, 44 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil para afrontar las indemnizaciones. Asimismo, solicitan que se designe un perito
que elabore un informe sobre la facturación que realiza Orange a sus
distribuidores, el cálculo de comisiones que le correspondería a cada
uno y la comprobación de los contratos para mostrar el incumplimiento de
las condiciones de los mismos, así como el cálculo de las
indemnizaciones que deberá abonar la operadora a los denunciantes si es
declarada culpable.

Tal como ha podido confirmar OKDIARIO, el Juzgado Central de
Instrucción número 2 de Madrid considera que “los hechos denunciados
presentan unas características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y solicita a la Fiscalía que realice las investigaciones oportunas. Los denunciantes consideran que tras esta querella pueden aparecer muchos más afectados, elevando así la responsabilidad económica que tendrá que asumir la compañía.