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NUEVAS INCORPORACIONES AL EQUIPO MEDIADOR DE ASAFORTEL

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Juan Carlos Galindo, se incorpora al equipo liderado por Luis Gil-Orozco.
 Asafortel sigue avanzando en la defensa de sus asociados y para ello se ha incorporado al equipo liderado por Luis Gil-Orozco, a Juan Carlos Galindo.


Juan Carlos Galindo, PERITO JUDICIAL Experto en Investigación de Delitos Económicos, Especializado en Blanqueo de Capitales y Responsabilidad Penal Persona Jurídica. Conferenciante y Formador en materias tan complejas e interesantes como: Responsabilidad Penal Empresarial, Compliance, Prevención Blanqueo de Capitales, Paraísos Fiscales, Seguridad de la Información, Ley de Transparencia y lucha contra la corrupción.

También es Presidente Nacional Ejecutivo de ASEBLAC, Asociación Española
de Sujetos obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales y
Financiacion del Terrorismo.
Con esta incorporación, incrementamos el
ya alto nivel de nuestro equipo negociador, además de dotarnos de los
conocimientos específicos de Juan Carlos Galindo, en unos ámbitos tan
importantes dentro de la batalla que desde Asafortel se está lidiando en
nombre de sus asociados.

Abel Martín
Presidente de ASAFORTEL

El Supremo declara responsabilidad de grandes empresas de telefonía respecto de salarios no abonados por comercializadoras de sus productos

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Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 21 Julio 2016

La
actividad de comercialización del servicio de telefonía es, atendiendo
al servicio de que se trata y a las circunstancias en las cuales se
desarrolla el mercado de ese servicio, inherente y absolutamente
indispensable para la realización de la actividad de la empresa
principal.

Jurisprudencia comentada:

Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 707/2016, 21 Jul. Rec. 2147/2014

La cuestión que conoce el Tribunal Supremo en esta sentencia consiste en determinar si el contrato de agencia concluido entre dos entidades mercantiles para la comercialización de los productos de la principal excluye la subcontratación de obras y servicios correspondientes a su propia actividad. Impugnado un despido por causas económicas, y acumulada la acción de rescisión del contrato de trabajo porque la empresa abona el salario con retraso y adeuda ciertas cantidades, se condena de forma solidaria a la empleadora y al principal para la que aquella venía funcionando como agente de ventas.

Las empresas
telefónicas condenadas solidariamente niegan su responsabilidad
alegando que la relación que media con la comercializadora es un
contrato de agencia, para ellas excluido del artículo 42 del ET, y que
no se ha externalizado ninguna una parcela identificable con la “propia
actividad”, centrando así el debate en el alcance de la expresión
“propia actividad” como presupuesto para que opere la garantía de
solidaridad prevista para los supuestos de subcontratación. Las
empresas recurrentes comparan el producto de un servicio de telefonía
con el de fabricante que produce elementos materiales, los almacena y
luego los vende.

De ahí extraen la conclusión de que
tan absurdo es almacenar para luego no vender lo almacenado como tener
el servicio de telefonía para después no tener a quien suministrarlo. Lo
cierto es que la existencia de comerciales no es una novedad
introducida por mor de la telefonía y sus específicas proyecciones en el
mercado, internet, etc., si bien al final todo revierte en conceptos
tradicionales, originar el producto hasta que se halle en condiciones de
ser disfrutado por un usuario tan solo a falta de que éste acepte
adquirirlo.

El Supremo lo tiene claro. La actividad de
comercialización es inherente a la realización de la actividad de
telefonía, y es esta intensa conexión entre las actividades del
principal y del contratista la que sustenta la solidaridad en el pago de
los salarios reclamados. En el caso, los empleados de las contratistas
actúan en nombre de la principal, fidelizan al público como clientes de
la principal, entran en su sistema operativo, resuelven dudas planteadas
en relación con los servicios ofertados por la principal, etc., lo que
permite afirmar sin ningún género de duda que la comercialización es una
actividad inherente al ciclo productivo de una empresa de telefonía que
suministra servicios a clientes finales.

Para el Supremo, la
celebración de un contrato de agencia entre dos empresas no implica que
la empresa principal quede fuera del esquema de colaboración
interempresarial, a los efectos de eludir la responsabilidad solidaria
que como garantía de los trabajadores contempla el artículo 42 ET. Si
el contrato de agencia sirve para descentralizar la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad deben operar
las garantías del ET, y viceversa. Revisa la doctrina de SSTS 15
diciembre 2015 (rec. 2614/2014 y 2653/2014). Formula su Voto Particular
la Excma.

Magistrado Sra. Dª Maria Milagros Calvo Ibarlucea.

Fuente: Wolters Kluver

Las denuncias a Orange por estafa explotan en toda España: suman ya un centenar de distribuidores

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Han iniciado procesos judiciales contra la compañía telefónica por
supuestos delitos de amenazas, coacciones, administración desleal y
apropiación indebida 

 

Cede de Orange
El pasado mes de agosto, tal y cómo contó ECD en exclusiva, la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella
interpuesta por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras
empresas de telecomunicación (Asafortel), que respaldan ahora un total
de 42 pequeñas y medianas empresas y 200 puntos de venta afectados, además de los equipos de fuerzas comerciales de venta a empresas.

El
titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno,
consideró entonces que los hechos remitidos por Asafortel hacen presumir
la posible existencia de una infracción penal.
Además, según ha podido saber El Confidencial Digital
por fuentes conocedoras del proceso, a pesar de que en este momento son
28 asociados, también hay que tener en cuenta que existen otros 60 distribuidores que se han puesto en contacto ya con Asafortel, donde aseguran que “día a día se incrementa el número de asociados”.
Los afectados se distribuyen por toda España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Huesca, Alicante, Sevilla, Baleares, Girona, Valladolid y Cádiz.
Por otro lado, el número actual de distribuidores que a nivel particular han iniciado procesos judiciales civiles contra Orange asciende a 12, y se están estudiando interponer otras diez demandas civiles más.
La querella denuncia la utilización de prácticas fraudulentas a partir de 2012, con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.
Según el escrito,
al que ha tenido acceso este confidencial, la multinacional marcó en
2012 unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.
Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.
Orange habría asfixiado económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales “sin derecho a réplica”, y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.
Asimismo, la empresa habría discriminado entre unas distribuidoras y otras “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación, por lo que muchas de ellas son hoy totalmente insolventes o han entrado en concurso de acreedores.
Asafortel pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.
La elevada cuantía que solicitan como indemnización –86,6 millones de euros– correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años.

28 Distribuidoras se querellan contra Orange por estafa y piden 86,6 millones

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Detalle del logo en la torre corporativa de Orange. EFE/Archivo
Un total de 28 distribuidoras de Orange se han adherido ya a la querella interpuesta contra la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, amenazas, coacciones, administración desleal y apropiación indebida, y que solicita 86,6 millones de euros en concepto de indemnización.

El pasado mes de agosto la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), que respaldan ahora 28 distribuidoras, que suponen un total de 42 pequeñas y medianas empresas y 200 puntos de venta afectados, además de los equipos de fuerzas comerciales de venta a empresas.

Y el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, consideró entonces que los hechos remitidos por Asafortel hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.
La querella denuncia la utilización de prácticas fraudulentas a partir de 2012, con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.
Los afectados se distribuyen por toda España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Huesca, Alicante, Sevilla, Baleares, Girona, Valladolid y Cádiz.
Según el escrito, la multinacional marcó en 2012 unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.
Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.
Orange habría asfixiado económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales “sin derecho a réplica”, y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.
Asimismo, la empresa habría discriminado entre unas distribuidoras y otras “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación, por lo que muchas de ellas son hoy totalmente insolventes o han entrado en concurso de acreedores.
Asafortel pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.
La elevada cuantía que solicitan como indemnización -86,6 millones de euros- correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años.

Noticia publicada por: diariodeleon.es

28 Distribuidoras se querellan contra Orange por estafa y piden 86,6 millones

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(EFECOM).- Un total de 28 distribuidoras de Orange se han adherido ya a la querella interpuesta contra la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, amenazas, coacciones, administración desleal y apropiación indebida, y que solicita 86,6 millones de euros en concepto de indemnización.

El pasado mes de agosto la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), que respaldan ahora 28 distribuidoras, que suponen un total de 42 pequeñas y medianas empresas y 200 puntos de venta afectados, además de los equipos de fuerzas comerciales de venta a empresas.

Y el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, consideró entonces que los hechos remitidos por Asafortel hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.

La querella denuncia la utilización de prácticas fraudulentas a partir de 2012, con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.

Los afectados se distribuyen por toda España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Huesca, Alicante, Sevilla, Baleares, Girona, Valladolid y Cádiz.

Según el escrito, la multinacional marcó en 2012 unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.

Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”. 

Orange habría asfixiado económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales “sin derecho a réplica”, y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.

Asimismo, la empresa habría discriminado entre unas distribuidoras y otras “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación, por lo que muchas de ellas son hoy totalmente insolventes o han entrado en concurso de acreedores.

Asafortel pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía. 

La elevada cuantía que solicitan como indemnización -86,6 millones de euros- correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años. EFECOM 

Noticia compartida por Agencia EFE 

La fiscalía francesa pide procesar a directivos de France Télécom por los suicidios de sus empleados

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La empresa implantó una política de “desestabilización” de sus trabajadores, según la decisión judicial

Manifestación de trabajadores de France Télécom, en Estrasburgo, por la ola de suicidios de sus trabajadores, en 2009.
 La ola de suicidios que vivió France Télécom entre 2007 y 2010 ha culminado una importante etapa en los tribunales franceses. Tras varios años de investigación, la fiscalía de París ha pedido que se procese a siete exdirectivos por presunto acoso moral. La obsesión por los resultados económicos llevó a la empresa a iniciar una reestructuración con el despido de 22.000 empleados y el cambio de 14.000. Cerca de 60 se suicidaron en solo tres años. Muchos lo hicieron en su propia oficina y dejaron cartas explicando su desesperación. La empresa, cree la fiscalía, implantó un sistema para desestabilizar a los empleados.

En las conclusiones de la fiscalía, recabadas el pasado 22 de junio, esta pide al juez de instrucción que procese al expresidente Didier Lombard. Le acusa de acoso moral a él y dos de sus máximos colaboradores. A los otros cuatro los considera colaboradores de dicho acoso. La mayoría de ellos sigue trabando en la empresa, aunque a un nivel inferior, según ha informado a este periódico el delegado sindical de la CGT Thierry Franchi.
Orange (antes France Télécom) se ha negado a valorar el fondo de la cuestión. “Es solo una etapa más del proceso. Hay que esperar sobre todo a la decisión del juez de instrucción, que llegará en unas semanas”, ha comentado un portavoz a este periódico. Claudia Chemari, la abogada de la compañía, ha asegurado a la radio France Info que todas las argumentaciones en contra de las acusaciones están convenientemente presentadas ante la justicia.

 Goteo de suicidios y tentativas

  • En 2008 empezó el goteo de suicidios y tentativas en France Télécom.

  • En 2009, el sindicato SUD-PTT presenta denuncia.

  • En 2010, Didier Lombard se va. La inspección de trabajo habla de métodos brutales. La fiscalía abre investigación.

  • Un observatorio sindical estima que en 2008 hubo trece suicidios; en 2009, 19 y en 2010, 27.

  • En 2012, tras el cambio de gestión, un sondeo interno indica que el clima se ha normalizado.

  • En 2013 France Télécom se convierte en Orange, primera operadora de Francia.


La decisión de la empresa de reorganizarse y aumentar sus beneficios, tomada en 2006, fue, según todos los indicios, el detonante del drama. Lombard estaba determinado a poner en marcha la operación y lograr la reducción de la plantilla, que entonces era de 110.000 empleados. “Lo haré [los despidos] de una forma u otra, por la ventana o por la puerta”.

Sus palabras fueron trágicamente premonitorias. Algunos de los empleados se quitaron la vida saltando desde las ventanas de sus oficinas. A los 58 que en total se contabilizaron entre 2008, 2009 y 2010 hay que añadir decenas de tentativas y procesos de ansiedad y depresión. Según la fiscalía, la empresa utilizó todo tipo de métodos para desestabilizar a los empleados, además de ofrecer bonificaciones a los cuadros que lograran más bajas. Para ello, se cambiaba repentinamente el puesto de trabajo, se modificaban los objetivos, se dejaba al empleado sin silla ni mesa durante semanas, se prohibía disentir o se desvalorizaba al trabajador. Un médico de empresa, que ha hablado de forma anónima con Libération, asegura que los empleados empezaron a sufrir graves procesos de ansiedad y depresión y ha relatado estos sistemas que quebraban a los empleados.

En 2009, los sindicatos ya dieron la voz de alarma y presentaron una denuncia contra la dirección de la empresa. Un año más tarde, la inspección de trabajo reflejó la brutalidad de los métodos, razón por la cual la fiscalía de París abrió una investigación por “acoso moral y puesta en peligro de la vida de terceros”.

La alarma social por este caso fue enorme. Un empleado irrumpió en una reunión de la empresa con un cuchillo clavado en el abdomen. Muchos murieron defenestrados. Algunos dejaron a sus familiares cartas que evidenciaban su desesperación.

“Este proceso va a permitir primero hacer justicia con las víctimas y sus familias”, dice Franchi. “Va a permitir también la denuncia de métodos de gestión inaceptables que hoy se siguen aplicando en muchas empresas.

La dirección de la empresa cambió en 2010. Los brutales sistemas quedaron en el olvido y en 2012 un sondeo interno indicaba que el clima laboral se había normalizado, si bien en 2011 todavía hubo algún caso. El más llamativo, el de un empleado que se inmoló a lo bonzo en el párking de la oficina. A Lombard le sustituyó Stéphane Richard, exjefe de gabinete de la entonces ministra de Economía y hoy directora del FMI Christine Lagarde. Richard sigue al mando de la firma, hoy Orange, la principal operadora de Francia.

www.asafortel.es 

Fuente:internacional.elpais.com 

La Audiencia Nacional investigará a Orange por la querella de distribuidoras.

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Madrid, 11 ago (EFECOM).- La Audiencia Nacional investigará a la filial en España de Orange y a varios de sus directivos tras admitir a trámite la querella interpuesta por un grupo de distribuidoras de la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

La querella presentada por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), denuncia la utilización de “prácticas fraudulentas” a partir de 2012 con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.

Según expone el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la multinacional marcó entonces unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.
Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.
El documento de 21 páginas relata con detalle cómo Orange “asfixió” económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral “continuo” de las condiciones contractuales “y sin derecho a réplica” y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.
Asimismo, señala la falta de información contractual a la que la empresa habría sometido a sus distribuidoras, a las que supuestamente habría discriminado “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación.
“La lista de distribuidores afectados es interminable”, prosigue la querella, que reflexiona sobre la situación de muchas de estas empresas, hoy totalmente insolventes o en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos-.
Por todo ello, la asociación pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.
A todos se les citaría por la presunta comisión de estafa, apropiación indebida, amenazas y coacciones y administración desleal, después de que el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, considerase que los hechos remitidos por la Asafortel, “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
Los querellantes también reclaman una indemnización de 33 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, una cuantía que correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años.
Con el fin de asegurar esta eventual responsabilidad, piden el pago de una fianza solidaria de 44 millones de euros o el embargo de los bienes, aunque antes la Fiscalía deberá remitir al juez las diligencias de investigación que considere oportunas.
En una nota de prensa, Asafortel ha asegurado que una veintena de distribuidores ha mostrado su intención de adherirse a la querella, muchas de ellas, pequeñas y medianas empresas. EFECOM

La Audiencia Nacional investigará a Orange por la querella de distribuidoras.

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Madrid, 11 ago (EFECOM).- La Audiencia Nacional investigará a la filial en España de Orange y a varios de sus directivos tras admitir a trámite la querella interpuesta por un grupo de distribuidoras de la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.


La querella presentada por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), denuncia la utilización de “prácticas fraudulentas” a partir de 2012 con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.

Según expone el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la multinacional marcó entonces unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.

Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.

El documento de 21 páginas relata con detalle cómo Orange “asfixió” económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral “continuo” de las condiciones contractuales “y sin derecho a réplica” y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.

Asimismo, señala la falta de información contractual a la que la empresa habría sometido a sus distribuidoras, a las que supuestamente habría discriminado “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación.

“La lista de distribuidores afectados es interminable”, prosigue la querella, que reflexiona sobre la situación de muchas de estas empresas, hoy totalmente insolventes o en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos-.

Por todo ello, la asociación pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.

A todos se les citaría por la presunta comisión de estafa, apropiación indebida, amenazas y coacciones y administración desleal, después de que el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, considerase que los hechos remitidos por la Asafortel, “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

La Audiencia investigará a Orange España y varios de sus directivos por la querella de distribuidoras.

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Presunta estafa, administración desleal y apropiación indebida, entre otros…

    La Audiencia Nacional investigará a la filial en España de Orange y a varios de sus directivos tras admitir a trámite la querella interpuesta por un grupo de distribuidoras de la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

La querella presentada por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), denuncia la utilización de “prácticas fraudulentas” a partir de 2012 con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.
Según expone el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la multinacional marcó entonces unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.
Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.
El documento de 21 páginas relata con detalle cómo Orange “asfixió” económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral “continuo” de las condiciones contractuales “y sin derecho a réplica” y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.
Asimismo, señala la falta de información contractual a la que la empresa habría sometido a sus distribuidoras, a las que supuestamente habría discriminado “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación.
“La lista de distribuidores afectados es interminable”, prosigue la querella, que reflexiona sobre la situación de muchas de estas empresas, hoy totalmente insolventes o en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos-.
Por todo ello, la asociación pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.
A todos se les citaría por la presunta comisión de estafa, apropiación indebida, amenazas y coacciones y administración desleal, después de que el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, considerase que los hechos remitidos por la Asafortel, “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
Los querellantes también reclaman una indemnización de 33 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, una cuantía que correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años.
Con el fin de asegurar esta eventual responsabilidad, piden el pago de una fianza solidaria de 44 millones de euros o el embargo de los bienes, aunque antes la Fiscalía deberá remitir al juez las diligencias de investigación que considere oportunas.
En una nota de prensa, Asafortel ha asegurado que una veintena de distribuidores ha mostrado su intención de adherirse a la querella, muchas de ellas, pequeñas y medianas empresas.

La Fiscalía investiga a Orange por estafar y amenazar a su red de distribuidores en España

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La Fiscalía investiga a la empresa de telecomunicaciones Orange España por considerar que existen suficientes indicios
de que la compañía ha podido cometer varios delitos contra sus agentes
comerciales y distribuidores. El Juzgado Central de Instrucción número 2
de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas después de que una plataforma de afectados haya presentado una querella criminal en la que se acusa a la operadora de estafa, apropiación indebida, amenazas, coacciones y administración desleal.

Según revela la querella, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la operadora de telecomunicaciones ha, presuntamente, “utilizado prácticas fraudulentas
con la clara intención de acabar con aquellas tiendas que ya no le
interesaba mantener”, una vez que la compañía decidió reducir su red de
establecimientos de cara al público para potenciar los canales
telemáticos.

Los distribuidores y agentes representados por la plataforma Asafortel acusan a la empresa de “seguir una estrategia de estrangulamiento financiero feroz” para provocar la “venta obligada por debajo del precio o el cierre” del negocio, de una forma “intencionada y premeditada,
sabiendo que con ello se estaban causando graves daños a estas empresas
y los empresarios que las componen, en su mayoría pequeñas pymes, y con
poca capacidad de respuesta y defensa”.
Los afectados han denunciado ante la Audiencia Nacional que Orange ha realizado un “cambio continuo de las condiciones contractuales”, sin permitir a los distribuidores el derecho a réplica. Además, acusan a la empresa de “manipular de forma fraudulenta los objetivos de negocio
mensuales impuestos a tales distribuidores”, aplicando criterios de
pago diferentes a los establecidos en los contratos (a veces con
carácter retroactivo) y afirman que existe una “discriminación entre distribuidores, sin causa justa”, para provocar el cierre de algunos de ellos.

En la querella criminal, los afectados solicitan que el juez decrete el embargo a Orange de, al menos, 44 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil para afrontar las indemnizaciones. Asimismo, solicitan que se designe un perito
que elabore un informe sobre la facturación que realiza Orange a sus
distribuidores, el cálculo de comisiones que le correspondería a cada
uno y la comprobación de los contratos para mostrar el incumplimiento de
las condiciones de los mismos, así como el cálculo de las
indemnizaciones que deberá abonar la operadora a los denunciantes si es
declarada culpable.

Tal como ha podido confirmar OKDIARIO, el Juzgado Central de
Instrucción número 2 de Madrid considera que “los hechos denunciados
presentan unas características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y solicita a la Fiscalía que realice las investigaciones oportunas. Los denunciantes consideran que tras esta querella pueden aparecer muchos más afectados, elevando así la responsabilidad económica que tendrá que asumir la compañía.