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Las denuncias a Orange por estafa explotan en toda España: suman ya un centenar de distribuidores

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Han iniciado procesos judiciales contra la compañía telefónica por
supuestos delitos de amenazas, coacciones, administración desleal y
apropiación indebida 

 

Cede de Orange
El pasado mes de agosto, tal y cómo contó ECD en exclusiva, la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella
interpuesta por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras
empresas de telecomunicación (Asafortel), que respaldan ahora un total
de 42 pequeñas y medianas empresas y 200 puntos de venta afectados, además de los equipos de fuerzas comerciales de venta a empresas.

El
titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno,
consideró entonces que los hechos remitidos por Asafortel hacen presumir
la posible existencia de una infracción penal.
Además, según ha podido saber El Confidencial Digital
por fuentes conocedoras del proceso, a pesar de que en este momento son
28 asociados, también hay que tener en cuenta que existen otros 60 distribuidores que se han puesto en contacto ya con Asafortel, donde aseguran que “día a día se incrementa el número de asociados”.
Los afectados se distribuyen por toda España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Huesca, Alicante, Sevilla, Baleares, Girona, Valladolid y Cádiz.
Por otro lado, el número actual de distribuidores que a nivel particular han iniciado procesos judiciales civiles contra Orange asciende a 12, y se están estudiando interponer otras diez demandas civiles más.
La querella denuncia la utilización de prácticas fraudulentas a partir de 2012, con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.
Según el escrito,
al que ha tenido acceso este confidencial, la multinacional marcó en
2012 unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.
Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.
Orange habría asfixiado económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales “sin derecho a réplica”, y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.
Asimismo, la empresa habría discriminado entre unas distribuidoras y otras “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación, por lo que muchas de ellas son hoy totalmente insolventes o han entrado en concurso de acreedores.
Asafortel pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.
La elevada cuantía que solicitan como indemnización –86,6 millones de euros– correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años.

28 Distribuidoras se querellan contra Orange por estafa y piden 86,6 millones

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Detalle del logo en la torre corporativa de Orange. EFE/Archivo
Un total de 28 distribuidoras de Orange se han adherido ya a la querella interpuesta contra la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, amenazas, coacciones, administración desleal y apropiación indebida, y que solicita 86,6 millones de euros en concepto de indemnización.

El pasado mes de agosto la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), que respaldan ahora 28 distribuidoras, que suponen un total de 42 pequeñas y medianas empresas y 200 puntos de venta afectados, además de los equipos de fuerzas comerciales de venta a empresas.

Y el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, consideró entonces que los hechos remitidos por Asafortel hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.
La querella denuncia la utilización de prácticas fraudulentas a partir de 2012, con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.
Los afectados se distribuyen por toda España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Huesca, Alicante, Sevilla, Baleares, Girona, Valladolid y Cádiz.
Según el escrito, la multinacional marcó en 2012 unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.
Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.
Orange habría asfixiado económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales “sin derecho a réplica”, y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.
Asimismo, la empresa habría discriminado entre unas distribuidoras y otras “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación, por lo que muchas de ellas son hoy totalmente insolventes o han entrado en concurso de acreedores.
Asafortel pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.
La elevada cuantía que solicitan como indemnización -86,6 millones de euros- correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años.

Noticia publicada por: diariodeleon.es

28 Distribuidoras se querellan contra Orange por estafa y piden 86,6 millones

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(EFECOM).- Un total de 28 distribuidoras de Orange se han adherido ya a la querella interpuesta contra la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, amenazas, coacciones, administración desleal y apropiación indebida, y que solicita 86,6 millones de euros en concepto de indemnización.

El pasado mes de agosto la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), que respaldan ahora 28 distribuidoras, que suponen un total de 42 pequeñas y medianas empresas y 200 puntos de venta afectados, además de los equipos de fuerzas comerciales de venta a empresas.

Y el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, consideró entonces que los hechos remitidos por Asafortel hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.

La querella denuncia la utilización de prácticas fraudulentas a partir de 2012, con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.

Los afectados se distribuyen por toda España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Huesca, Alicante, Sevilla, Baleares, Girona, Valladolid y Cádiz.

Según el escrito, la multinacional marcó en 2012 unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.

Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”. 

Orange habría asfixiado económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales “sin derecho a réplica”, y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.

Asimismo, la empresa habría discriminado entre unas distribuidoras y otras “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación, por lo que muchas de ellas son hoy totalmente insolventes o han entrado en concurso de acreedores.

Asafortel pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía. 

La elevada cuantía que solicitan como indemnización -86,6 millones de euros- correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años. EFECOM 

Noticia compartida por Agencia EFE 

La Audiencia Nacional acepta una querella criminal contra Orange

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El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional
ha remitido al Ministerio Fiscal la querella criminal presentada el
pasado 4 de julio por la Asociación de Afectados por Orange, ASAFORTEL, contra Orange Espagne S.A.
y ha ordenado la puesta en marcha de diligencias previas, con el fin de
determinar si los hechos de los que se acusa a la teleoperadora se
ajustan o no a la realidad.

Así, la Justicia española acepta una querella que señala a Orange Espagne S.A.
como presunta responsable de los delitos de apropiación indebida,
estafa, amenazas y coacciones y administración desleal en su relación
con los distribuidores de estos servicios de telefonía.
En concreto, el auto de incoación del Juzgado señala que los hechos
presentados por los querellantes “presentan características que hacen
presumir la posible existencia de una infracción penal” y pide por ello
que se pongan en marcha las acciones pertinentes: “No estando
determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las
personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas
a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable.

El caso

El representante de ASAFORTEL, Carlos Calderón,
explica a Gaceta.es que la admisión a trámite de esta querella por
parte de la Justicia ha supuesto que numerosos distribuidores de
telefonía se hayan puesto en contacto con su asociación para integrarse
en la causa contra Orange Espagne S.A. al haber sufrido, a su juicio,
los mismos perjuicios denunciados por ASAFORTEL.
Hechos que, según explica la asociación en su querella, pasan por el
“estrangulamiento financiero feroz para llevar a los distribuidores
innecesarios [para la compañía] a un irremediable cierre o a una venta
(obligada), por debajo de su precio, de sus negocios”.
La historia se remonta a 2006, año de nacimiento de Orange tras la unificación de todas las empresas españolas propiedad de France Télécom
bajo la misma marca, según relatan los denunciantes. “En el ejercicio
de su actividad -señálan- Orange ha ido tomando posición en el mercado
que constituye su objeto y dándose a conocer, además de entre otros
medios, a través de un extenso canal de distribuidores y agentes (puntos
de venta) colaboradores de ORANGE en la contratación de los diferentes productos y/o servicios”.
Y son, precisamente esos colaboradores quienes ahora acusan a la
compañía de prácticas delictivas contra ellos. ¿Por qué? Porque, si en
2011 Orange contaba en España con 250 distribuidores y más de 1.300
puntos de venta, a partir del año 2012, siempre según los denunciantes,
“la política de la empresa cambió radicalmente” y comenzaron las
“prácticas fraudulentas con la clara intención de acabar con aquéllas
tiendas que ya no le interesaba mantener”.

120 millones de euros

La forma de llevar a cabo esta reducción de la red de distribuidores
habría sido, según la denuncia, de “estrangulamiento financiero feroz”.
Así, de forma intencionada y predeterminada, ORANGE recurrió a métodos
como “cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales sin
derecho a réplica por parte de los distribuidores afectados; falta de
información contractual a dichos distribuidores; manipulación
fraudulenta de los objetivos mensuales; aplicación de criterios de pago
diferentes a los establecidos en el contrato o discriminación entre los
distribuidores”.
Unas acusaciones que se resumen, tal como explica Carlos Calderón a
Gaceta.es, en que, en lugar de “liquidar a los distribuidores
perjudicados de una manera razonable y como hubiera correspondido por
ley” para reducir sus puntos de venta si así lo exigía la estrategia de
la compañía, Orange Espagne S.A. habría tomado la decisión unilateral de
cerrar un gran número de tiendas que consideraba prescindibles con esas
técnicas presuntamente fraudulentas.
La querella inicial, que cifraba los perjuicios producidos por la
teleoperadora en 33 millones de euros, habría ascendido ahora, según
explica Calderón, a 120 millones de euros de daños tras haberse puesto
en contacto con ASAFORTEL numerosos distribuidores afectados, presuntamente, por las mismas prácticas de la compañía telefónica.

Denuncian “cobros abusivos” de Orange por cambiar a Amena, su otra operadora

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 La asociación Facua ha denunciado hoy a Orange por su práctica de cobrar a clientes que desean pasarse a Amena, operadora que en realidad es propiedad de Orange

Cobrar, y cantidades “abusivas”, por una portabilidad a otro operador del mismo grupo empresarial. Facua-Consumidores en Acción ha denunciado hoy a la operadora Orange justo por esta práctica que considera “injustificada”. La asociación ha comprobado que Orange cobra a los clientes que quieren pasarse a Amena, empresa que en realidad pertenece al mismo grupo empresarial. “Los cobros no están justificados, ya que el cliente sigue pagando por el servicio a la misma compañía”, explica en un comunicado. “De momento no vamos a hacer ninguna valoración sobre la denuncia”, señala un portavoz de Orange a Teknautas.

La llegada de la cadena estadounidense, la pujanza de Netflix y las nuevas series de Movistar+ dibujan un panorama distinto al de hace un año, Facua ha presentado esta mañana la denuncia ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Setsi). La asociación explica cómo Orange da información contradictoria sobre las portabilidades a Amena. Por un lado señala en su página web que los clientes de Amena utilizan la red de Orange “sin ninguna diferencia”, pero por otro estipula los precios de la portabilidad: “si estás dado de alta con Orange y quieres ser de Amena, la cuota de cambio tiene un coste de 7,26 euros en Península y Baleares, 6,42 euros en Canarias, 6,6 euros en Ceuta y 6,24 euros en Melilla”.

                 “COBRA HASTA 7,6 EUROS POR PASARSE A AMENA”

Para realizar una portabilidad de Orange a Amena basta con tener una tarjeta SIM de la primera operadora para seguir operando con normalidad. Es decir, a juicio de Facua, el cliente sigue pagando por el servicio a la misma compañía. La asociación señala que la Ley General para la Defensa de los Consumidores (artículo 87) considerará “abusiva cualquier estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva”. En base a este artículo, Facua concluye que la práctica de Orange es “abusiva e injustificada”.

Facua asegura haber recibido varias denuncias de usuarios al respecto y explica en su comunicado el caso de uno de ellos (socio de Facua Sevilla) que, tras reclamar, logró la devolución de los 7,26 euros que Orange le había cobrado por pasarse a Amena. Según este usuario, un comercial de Orange le propuso trasladar su línea con el pretexto de que podría acogerse a tarifas más ventajosas sin coste, ya que ambas marcas “eran la misma compañía”. Sin embargo, finalmente le cobraron los 7,26 euros, de los que “en ningún momento fue informado”.

La asociación insta a las autoridades competentes a sancionar a Orange por esta práctica y pide a la compañía dejar de incurrir en estos cobros abusivos. “Estamos estudiando el caso”, aseguran desde Orange, “pero no comentamos ninguna denuncia de Facua”. 

Facua denuncia a la teleoperadora Orange por “cobro abusivo”

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Facua-Consumidores en Acción emprende acciones legales por el cobro a
los clientes de Orange que optan por acogerse a alguna tarifa de Amena

   Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Orange por cobrar a los clientes que optan por acogerse a alguna tarifa de Amena, pese a que ambas marcas son en realidad la misma compañía.

La asociación ha presentado un escrito ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid -donde la empresa tiene su domicilio fiscal- y ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi), por considerar que esta política es “abusiva e injustificada”, según informó este martes en una nota.
En la página web de Amena se anuncia que los clientes de esta operadora “utilizan la red de Orange, sin ninguna diferencia”. Sin embargo, otro apartado advierte de que, en el caso de estar dado de alta en Orange y querer cambiarse a Amena, “la cuota de cambio tiene un coste de 7,26 euros en Península y Baleares, 6,42 euros en Canarias, 6,6 euros en Ceuta y 6,24 euros en Melilla”.
Facua recuerda que la Ley General para la Defensa de los Consumidores señala que se considerará “abusiva cualquier estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva”.
En este sentido, Amena especifica en su web que bastará con la tarjeta SIM de Orange para que la línea móvil pueda seguir operando con normalidad, por lo que a juicio de la asociación de consumidores es “evidente” que los cobros impuestos por Orange a los clientes que se acogen a una tarifa de Amena no están justificados, ya que el cliente sigue pagando por el servicio a la misma compañía.
Esta denuncia se produce después de que Facua Sevilla haya logrado recientemente que Orange anule el cobro de los 7,26 euros que facturó a un usuario por migrar éste su línea de teléfono móvil a Amena, al no ser informado de la existencia de esta cuota. La asociación insta a las autoridades competentes que sancionen a Orange por la comisión de esta “práctica injustificada” y exijan a la compañía que deje de incurrir en estos cobros “abusivos”.

FUENTE: http://cincodias.com

La Audiencia Nacional investigará a Orange por la querella de distribuidoras.

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Madrid, 11 ago (EFECOM).- La Audiencia Nacional investigará a la filial en España de Orange y a varios de sus directivos tras admitir a trámite la querella interpuesta por un grupo de distribuidoras de la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

La querella presentada por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), denuncia la utilización de “prácticas fraudulentas” a partir de 2012 con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.

Según expone el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la multinacional marcó entonces unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.
Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.
El documento de 21 páginas relata con detalle cómo Orange “asfixió” económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral “continuo” de las condiciones contractuales “y sin derecho a réplica” y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.
Asimismo, señala la falta de información contractual a la que la empresa habría sometido a sus distribuidoras, a las que supuestamente habría discriminado “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación.
“La lista de distribuidores afectados es interminable”, prosigue la querella, que reflexiona sobre la situación de muchas de estas empresas, hoy totalmente insolventes o en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos-.
Por todo ello, la asociación pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.
A todos se les citaría por la presunta comisión de estafa, apropiación indebida, amenazas y coacciones y administración desleal, después de que el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, considerase que los hechos remitidos por la Asafortel, “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
Los querellantes también reclaman una indemnización de 33 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, una cuantía que correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años.
Con el fin de asegurar esta eventual responsabilidad, piden el pago de una fianza solidaria de 44 millones de euros o el embargo de los bienes, aunque antes la Fiscalía deberá remitir al juez las diligencias de investigación que considere oportunas.
En una nota de prensa, Asafortel ha asegurado que una veintena de distribuidores ha mostrado su intención de adherirse a la querella, muchas de ellas, pequeñas y medianas empresas. EFECOM

La Audiencia Nacional investigará a Orange por la querella de distribuidoras.

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Madrid, 11 ago (EFECOM).- La Audiencia Nacional investigará a la filial en España de Orange y a varios de sus directivos tras admitir a trámite la querella interpuesta por un grupo de distribuidoras de la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.


La querella presentada por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), denuncia la utilización de “prácticas fraudulentas” a partir de 2012 con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.

Según expone el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la multinacional marcó entonces unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.

Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.

El documento de 21 páginas relata con detalle cómo Orange “asfixió” económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral “continuo” de las condiciones contractuales “y sin derecho a réplica” y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.

Asimismo, señala la falta de información contractual a la que la empresa habría sometido a sus distribuidoras, a las que supuestamente habría discriminado “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación.

“La lista de distribuidores afectados es interminable”, prosigue la querella, que reflexiona sobre la situación de muchas de estas empresas, hoy totalmente insolventes o en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos-.

Por todo ello, la asociación pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.

A todos se les citaría por la presunta comisión de estafa, apropiación indebida, amenazas y coacciones y administración desleal, después de que el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, considerase que los hechos remitidos por la Asafortel, “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

La Fiscalía investiga a Orange por estafar y amenazar a su red de distribuidores en España

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La Fiscalía investiga a la empresa de telecomunicaciones Orange España por considerar que existen suficientes indicios
de que la compañía ha podido cometer varios delitos contra sus agentes
comerciales y distribuidores. El Juzgado Central de Instrucción número 2
de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas después de que una plataforma de afectados haya presentado una querella criminal en la que se acusa a la operadora de estafa, apropiación indebida, amenazas, coacciones y administración desleal.

Según revela la querella, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la operadora de telecomunicaciones ha, presuntamente, “utilizado prácticas fraudulentas
con la clara intención de acabar con aquellas tiendas que ya no le
interesaba mantener”, una vez que la compañía decidió reducir su red de
establecimientos de cara al público para potenciar los canales
telemáticos.

Los distribuidores y agentes representados por la plataforma Asafortel acusan a la empresa de “seguir una estrategia de estrangulamiento financiero feroz” para provocar la “venta obligada por debajo del precio o el cierre” del negocio, de una forma “intencionada y premeditada,
sabiendo que con ello se estaban causando graves daños a estas empresas
y los empresarios que las componen, en su mayoría pequeñas pymes, y con
poca capacidad de respuesta y defensa”.
Los afectados han denunciado ante la Audiencia Nacional que Orange ha realizado un “cambio continuo de las condiciones contractuales”, sin permitir a los distribuidores el derecho a réplica. Además, acusan a la empresa de “manipular de forma fraudulenta los objetivos de negocio
mensuales impuestos a tales distribuidores”, aplicando criterios de
pago diferentes a los establecidos en los contratos (a veces con
carácter retroactivo) y afirman que existe una “discriminación entre distribuidores, sin causa justa”, para provocar el cierre de algunos de ellos.

En la querella criminal, los afectados solicitan que el juez decrete el embargo a Orange de, al menos, 44 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil para afrontar las indemnizaciones. Asimismo, solicitan que se designe un perito
que elabore un informe sobre la facturación que realiza Orange a sus
distribuidores, el cálculo de comisiones que le correspondería a cada
uno y la comprobación de los contratos para mostrar el incumplimiento de
las condiciones de los mismos, así como el cálculo de las
indemnizaciones que deberá abonar la operadora a los denunciantes si es
declarada culpable.

Tal como ha podido confirmar OKDIARIO, el Juzgado Central de
Instrucción número 2 de Madrid considera que “los hechos denunciados
presentan unas características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y solicita a la Fiscalía que realice las investigaciones oportunas. Los denunciantes consideran que tras esta querella pueden aparecer muchos más afectados, elevando así la responsabilidad económica que tendrá que asumir la compañía.