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La fiscalía francesa pide procesar a directivos de France Télécom por los suicidios de sus empleados

La empresa implantó una política de “desestabilización” de sus trabajadores, según la decisión judicial

Manifestación de trabajadores de France Télécom, en Estrasburgo, por la ola de suicidios de sus trabajadores, en 2009.

 La ola de suicidios que vivió France Télécom entre 2007 y 2010 ha culminado una importante etapa en los tribunales franceses. Tras varios años de investigación, la fiscalía de París ha pedido que se procese a siete exdirectivos por presunto acoso moral. La obsesión por los resultados económicos llevó a la empresa a iniciar una reestructuración con el despido de 22.000 empleados y el cambio de 14.000. Cerca de 60 se suicidaron en solo tres años. Muchos lo hicieron en su propia oficina y dejaron cartas explicando su desesperación. La empresa, cree la fiscalía, implantó un sistema para desestabilizar a los empleados.

En las conclusiones de la fiscalía, recabadas el pasado 22 de junio, esta pide al juez de instrucción que procese al expresidente Didier Lombard. Le acusa de acoso moral a él y dos de sus máximos colaboradores. A los otros cuatro los considera colaboradores de dicho acoso. La mayoría de ellos sigue trabando en la empresa, aunque a un nivel inferior, según ha informado a este periódico el delegado sindical de la CGT Thierry Franchi.
Orange (antes France Télécom) se ha negado a valorar el fondo de la cuestión. “Es solo una etapa más del proceso. Hay que esperar sobre todo a la decisión del juez de instrucción, que llegará en unas semanas”, ha comentado un portavoz a este periódico. Claudia Chemari, la abogada de la compañía, ha asegurado a la radio France Info que todas las argumentaciones en contra de las acusaciones están convenientemente presentadas ante la justicia.

 Goteo de suicidios y tentativas

  • En 2008 empezó el goteo de suicidios y tentativas en France Télécom.

  • En 2009, el sindicato SUD-PTT presenta denuncia.

  • En 2010, Didier Lombard se va. La inspección de trabajo habla de métodos brutales. La fiscalía abre investigación.

  • Un observatorio sindical estima que en 2008 hubo trece suicidios; en 2009, 19 y en 2010, 27.

  • En 2012, tras el cambio de gestión, un sondeo interno indica que el clima se ha normalizado.

  • En 2013 France Télécom se convierte en Orange, primera operadora de Francia.


La decisión de la empresa de reorganizarse y aumentar sus beneficios, tomada en 2006, fue, según todos los indicios, el detonante del drama. Lombard estaba determinado a poner en marcha la operación y lograr la reducción de la plantilla, que entonces era de 110.000 empleados. “Lo haré [los despidos] de una forma u otra, por la ventana o por la puerta”.

Sus palabras fueron trágicamente premonitorias. Algunos de los empleados se quitaron la vida saltando desde las ventanas de sus oficinas. A los 58 que en total se contabilizaron entre 2008, 2009 y 2010 hay que añadir decenas de tentativas y procesos de ansiedad y depresión. Según la fiscalía, la empresa utilizó todo tipo de métodos para desestabilizar a los empleados, además de ofrecer bonificaciones a los cuadros que lograran más bajas. Para ello, se cambiaba repentinamente el puesto de trabajo, se modificaban los objetivos, se dejaba al empleado sin silla ni mesa durante semanas, se prohibía disentir o se desvalorizaba al trabajador. Un médico de empresa, que ha hablado de forma anónima con Libération, asegura que los empleados empezaron a sufrir graves procesos de ansiedad y depresión y ha relatado estos sistemas que quebraban a los empleados.

En 2009, los sindicatos ya dieron la voz de alarma y presentaron una denuncia contra la dirección de la empresa. Un año más tarde, la inspección de trabajo reflejó la brutalidad de los métodos, razón por la cual la fiscalía de París abrió una investigación por “acoso moral y puesta en peligro de la vida de terceros”.

La alarma social por este caso fue enorme. Un empleado irrumpió en una reunión de la empresa con un cuchillo clavado en el abdomen. Muchos murieron defenestrados. Algunos dejaron a sus familiares cartas que evidenciaban su desesperación.

“Este proceso va a permitir primero hacer justicia con las víctimas y sus familias”, dice Franchi. “Va a permitir también la denuncia de métodos de gestión inaceptables que hoy se siguen aplicando en muchas empresas.

La dirección de la empresa cambió en 2010. Los brutales sistemas quedaron en el olvido y en 2012 un sondeo interno indicaba que el clima laboral se había normalizado, si bien en 2011 todavía hubo algún caso. El más llamativo, el de un empleado que se inmoló a lo bonzo en el párking de la oficina. A Lombard le sustituyó Stéphane Richard, exjefe de gabinete de la entonces ministra de Economía y hoy directora del FMI Christine Lagarde. Richard sigue al mando de la firma, hoy Orange, la principal operadora de Francia.

www.asafortel.es 

Fuente:internacional.elpais.com 

La Audiencia Nacional acepta una querella criminal contra Orange

El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional
ha remitido al Ministerio Fiscal la querella criminal presentada el
pasado 4 de julio por la Asociación de Afectados por Orange, ASAFORTEL, contra Orange Espagne S.A.
y ha ordenado la puesta en marcha de diligencias previas, con el fin de
determinar si los hechos de los que se acusa a la teleoperadora se
ajustan o no a la realidad.

Así, la Justicia española acepta una querella que señala a Orange Espagne S.A.
como presunta responsable de los delitos de apropiación indebida,
estafa, amenazas y coacciones y administración desleal en su relación
con los distribuidores de estos servicios de telefonía.
En concreto, el auto de incoación del Juzgado señala que los hechos
presentados por los querellantes “presentan características que hacen
presumir la posible existencia de una infracción penal” y pide por ello
que se pongan en marcha las acciones pertinentes: “No estando
determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las
personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas
a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable.

El caso

El representante de ASAFORTEL, Carlos Calderón,
explica a Gaceta.es que la admisión a trámite de esta querella por
parte de la Justicia ha supuesto que numerosos distribuidores de
telefonía se hayan puesto en contacto con su asociación para integrarse
en la causa contra Orange Espagne S.A. al haber sufrido, a su juicio,
los mismos perjuicios denunciados por ASAFORTEL.
Hechos que, según explica la asociación en su querella, pasan por el
“estrangulamiento financiero feroz para llevar a los distribuidores
innecesarios [para la compañía] a un irremediable cierre o a una venta
(obligada), por debajo de su precio, de sus negocios”.
La historia se remonta a 2006, año de nacimiento de Orange tras la unificación de todas las empresas españolas propiedad de France Télécom
bajo la misma marca, según relatan los denunciantes. “En el ejercicio
de su actividad -señálan- Orange ha ido tomando posición en el mercado
que constituye su objeto y dándose a conocer, además de entre otros
medios, a través de un extenso canal de distribuidores y agentes (puntos
de venta) colaboradores de ORANGE en la contratación de los diferentes productos y/o servicios”.
Y son, precisamente esos colaboradores quienes ahora acusan a la
compañía de prácticas delictivas contra ellos. ¿Por qué? Porque, si en
2011 Orange contaba en España con 250 distribuidores y más de 1.300
puntos de venta, a partir del año 2012, siempre según los denunciantes,
“la política de la empresa cambió radicalmente” y comenzaron las
“prácticas fraudulentas con la clara intención de acabar con aquéllas
tiendas que ya no le interesaba mantener”.

120 millones de euros

La forma de llevar a cabo esta reducción de la red de distribuidores
habría sido, según la denuncia, de “estrangulamiento financiero feroz”.
Así, de forma intencionada y predeterminada, ORANGE recurrió a métodos
como “cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales sin
derecho a réplica por parte de los distribuidores afectados; falta de
información contractual a dichos distribuidores; manipulación
fraudulenta de los objetivos mensuales; aplicación de criterios de pago
diferentes a los establecidos en el contrato o discriminación entre los
distribuidores”.
Unas acusaciones que se resumen, tal como explica Carlos Calderón a
Gaceta.es, en que, en lugar de “liquidar a los distribuidores
perjudicados de una manera razonable y como hubiera correspondido por
ley” para reducir sus puntos de venta si así lo exigía la estrategia de
la compañía, Orange Espagne S.A. habría tomado la decisión unilateral de
cerrar un gran número de tiendas que consideraba prescindibles con esas
técnicas presuntamente fraudulentas.
La querella inicial, que cifraba los perjuicios producidos por la
teleoperadora en 33 millones de euros, habría ascendido ahora, según
explica Calderón, a 120 millones de euros de daños tras haberse puesto
en contacto con ASAFORTEL numerosos distribuidores afectados, presuntamente, por las mismas prácticas de la compañía telefónica.