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NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE PARA ORANGE, EL CAMINO EMPIEZA A ILUMINARSE
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La balanza de la justicia se empieza a decantar
            Una vez más los tribunales españoles
empiezan a darnos la razón y ratificar nuestras sospechas. En la sentencia del
juzgado numero 15 de primera instancia de Valencia, donde Movilnet
comunicaciones demanda a Orange, a pesar de que se desestima la demanda, pero
se encuentra recurrida y por lo tanto veremos finalmente a quien se le da la
razón, sorprende  observar en la misma lo
siguiente:
            PRIMERO:
Que la propia sentencia deja claro que echa de menos una prueba pericial ya que
lo presentado resulta manifiestamente insuficiente, incluso diciendo que se “echa de menos”, cuestión que no
hace más que reafirmarnos de la necesidad e importancia que tiene en
nuestras demandas llevar una prueba pericial respecto a los perjuicios sufridos
por perdida de clientela. De haberse presentado, otro gallo cantaría….
            SEGUNDO:
En su punto tres de la sentencia, deja acreditado  las practicas llevadas a cabo por Orange hacia sus distribuidores,
ejerciendo PRESIONES con el OBJETIVO de resolver los
contratos, que es lo mismo que cerrar nuestras tiendas, como política de
concentración que es como le llaman. Incluso el propio Sr. BROSETA, directivo de Orange lo ratifica en sede judicial
diciendo que en Valencia ya no quedan monopuntos.

 

            Esto solo hace que demostrar que
nuestro camino es el correcto y que por mucha multinacional que sea, la
justicia siempre estará del lado de quien cumple con la ley.
ASAFORTEL

28 Distribuidoras se querellan contra Orange por estafa y piden 86,6 millones

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Detalle del logo en la torre corporativa de Orange. EFE/Archivo
Un total de 28 distribuidoras de Orange se han adherido ya a la querella interpuesta contra la empresa de telecomunicaciones por presunta estafa, amenazas, coacciones, administración desleal y apropiación indebida, y que solicita 86,6 millones de euros en concepto de indemnización.

El pasado mes de agosto la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Afectados por Orange Espagne y otras empresas de telecomunicación (Asafortel), que respaldan ahora 28 distribuidoras, que suponen un total de 42 pequeñas y medianas empresas y 200 puntos de venta afectados, además de los equipos de fuerzas comerciales de venta a empresas.

Y el titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, consideró entonces que los hechos remitidos por Asafortel hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.
La querella denuncia la utilización de prácticas fraudulentas a partir de 2012, con las que Orange habría pretendido “acabar con aquellas tiendas que ya no le interesaba mantener”.
Los afectados se distribuyen por toda España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Huesca, Alicante, Sevilla, Baleares, Girona, Valladolid y Cádiz.
Según el escrito, la multinacional marcó en 2012 unos objetivos de cierre y de concentración de la distribución sin tener en cuenta los efectos que podría ocasionar en su red comercial “ni los perjuicios personales y económicos que iba a causar” dicha decisión.
Una “estrategia de estrangulamiento financiero feroz”, describen los querellantes, que llevó a los distribuidores afectados “a un irremediable cierre o a una venta (obligada) por debajo de sus precio”.
Orange habría asfixiado económicamente a sus puntos de venta por medio de un cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales “sin derecho a réplica”, y una manipulación “fraudulenta” de los objetivos mensuales y trimestrales.
Asimismo, la empresa habría discriminado entre unas distribuidoras y otras “aportando ayudas a unos y reduciendo los ingresos de otros” sin justificación, por lo que muchas de ellas son hoy totalmente insolventes o han entrado en concurso de acreedores.
Asafortel pide que se investigue no sólo a la filial española de Orange sino también a su ex consejero delegado Jean Marc Vignolles; al director de ventas y distribución, Pablo Berni; al director nacional de canales alternativos en ventas, Javier Broseta, y a otros cinco ejecutivos de la compañía.
La elevada cuantía que solicitan como indemnización -86,6 millones de euros- correspondería a la media de la facturación de los afectados en los últimos cinco años.

Noticia publicada por: diariodeleon.es

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA LAS TASAS JUDICIALES A PYMES

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 El Gobierno derogó las tasas judiciales para las personas físicas en febrero de 2015, pero las mantuvo para las pymes

 

El Tribunal Constitucional ha declarado nulas las tasas judiciales impuestas a las pymes por el anterior Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en una ley aprobada en 2012. El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su satisfacción por la sentencia de derogación de una ley que consideraban inconstitucional, injusta y desproporcionada.

La ley impulsada por Gallardón tuvo un rechazo contundente por parte de la sociedad al violar el derecho de ciudadanos y pymes a acceder a la justicia y a obtener la tutela judicial efectiva que otorga el artículo 24 de la Constitución Española.

Según la Presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, con esta sentencia se repara una injusticia que impedía o dificultaba a las pequeñas y medianas empresas a acudir a los Tribunales y, con ello, se contribuye a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

La Abogacía Española y la plataforma “Justicia para Todos” han liderado durante más de tres años las protestas de los colectivos jurídicos y de la sociedad en general por la imposición de unas tasas, que ahora el Tribunal Constitucional ha declarado excesivas y desproporcionadas.

Para lograr la sentencia, se presentaron cinco recursos de inconstitucionalidad respaldados por la Abogacía Institucional e impulsados por el PSOE y los Gobiernos de Andalucía, Aragón, Cataluña y Canarias. Además, se plantearon numerosas cuestiones de inconstitucionalidad en los juzgados de lo social, de primera instancia y de la Audiencia Nacional. Por su parte, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estableció, en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional, la no exigencia de las tasas a los trabajadores.
Sin embargo, la Abogacía lamenta que no se proceda a la devolución de las tasas cobradas durante la vigencia de la ley, ya que consideran que el dinero recaudado no ha servido para mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita, en contra de lo prometido por el Gobierno cuando se aprobó la ley.